El nivel educativo en Guatemala, en general, es deplorable. Los resultados del indicador PISA-D a junio de 2019 muestra que el 89.3% de los estudiantes es deficiente en Matemáticas, el 70.1 lo es en Lectura y el 77.17% lo es en Ciencias. En la mayor parte de indicadores, la educación en el sector privado es un poco mejor, pero la diferencia no es significativa. Creo que todo eso se debe, principalmente, a la interpretación que se ha hecho de la Constitución en un aspecto que no se relaciona directamente con la educación.

El hecho de que la educación, en general, en el sector privado, no sea mejor se debe, en mi opinión, a que la formación pedagógica y magisterial en el país está en manos, mayoritariamente, del sector público. Es una cadena de formación, desde la de nivel universitario hasta la de las primeras letras, que se produce en un marco institucional y legal que no premia el mérito. No son los mejores los que administran el sistema ni los que brindan materialmente la formación. Los que gestionan el sistema son los mejor “conectados”.

Veamos qué ocurriría en un marco de libre competencia (sin escuelas públicas). Primero, todos los planteles educativos tendrían que proponer la mejor combinación de calidad y precio para el sector del mercado educativo al que cada uno quisiera ofrecer sus servicios. Aquellos establecimientos educativos que quisieran formar profesores de bachillerato, de enseñanza media o maestros de primaria o de preprimaria tendrían que contratar a pedagogos y a otros formadores de nivel universitario con las capacidades y competencias necesarias para que sus graduados tuvieran éxito, colocándose en el mercado de colegios y escuelas de su respectivo nivel. De otra manera se quedarían sin clientes.

Así, desde el doctor en Pedagogía hasta el maestro de preprimaria tendrían que ganarse y conservar sus empleos y posiciones compitiendo en el mercado de los servicios educativos. Los establecimientos que los contrataran supervisarían celosamente su desempeño para no perder a sus clientes, los padres de los estudiantes. Sería un sistema basado en el mérito, medido por el éxito que los estudiantes tuvieran posteriormente al ingresar a las universidades (que tampoco serían monopolios estatales) o al mercado de las artes y oficios, y, después de la carrera universitaria, al sector público, al mercado profesional o a los negocios.

Empero, en nuestra sociedad se han dado normas constitucionales y legales con base en las cuales una parte muy significativa de la educación escolar y universitaria es pública y, entonces, el mecanismo para conseguir la excelencia no es la competencia en mercados abiertos y, por consiguiente, se impone la cuestión de cómo mantener el mérito como principio básico del sistema.

Al igual que en muchos otros países, la Constitución de Guatemala prevé que sea en un régimen de servicio civil que se busque, hasta donde sea humanamente posible, emular los premios y castigos del mercado, para mantener como principio el del mérito.

Sin embargo, el artículo constitucional 116 (que reconoce a los trabajadores del Estado el derecho de huelga), se ha interpretado y aplicado erróneamente. Se ha interpretado de tal manera que ya no es el régimen del servicio civil, basado en el principio del mérito, el que rige el trabajo y las funciones del magisterio público, sino unos líderes sindicales y unos dirigentes políticos interesados en su apoyo partidario (contra lo establecido por el artículo 107 CPR) los que confeccionan unos pactos colectivos que tienen como consecuencia la radical destrucción y supresión del principio del mérito. Es gracias a eso que consiguen el apoyo de sus bases.