El 2019 era especial para el país, pues coincidía la renovación de los tres poderes del Estado en un mismo año. Como ciudadanía, la expectativa estuvo centrada mayormente en la elección del presidente, diputados y corporaciones municipales. Sin embargo, había otra elección, de suma trascendencia, que no captó la atención requerida sino hasta hace poco.

La elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones es muy distinta a la elección del presidente o diputados. Estos últimos hacen campaña electoral, se dan a conocer y posteriormente votamos por ellos. A pesar de las deficiencias en la representatividad democrática que existe en el país, los ciudadanos saben quién es el presidente, alcalde y tal vez uno u otro diputado. A diferencia de los otros dos poderes, el Poder Judicial no requiere del voto popular. Los magistrados son electos por el Congreso de la República a partir de una nómina de candidatos que envían dos comisiones de postulación. El proceso es más complicado que el de elegir al Ejecutivo y al Legislativo en las urnas.

Para los guatemaltecos, seguir la elección de magistrados requiere estar pendientes de muchas noticias o fiscalizar el trabajo de las comisiones de postulación y luego al Congreso. Eso toma tiempo y supone altos costos de información. Probablemente esa es la razón por la cual el ciudadano no le presta atención al proceso de elección de magistrados.

Esta elección, olvidada por la ciudadanía, debió haber concluido el año pasado. Debimos tener nuevos magistrados el 13 de octubre del 2019, pero las múltiples suspensiones al proceso lo hicieron imposible. Ahora, en medio de una emergencia sanitaria y cerca de cumplir 11 meses de atraso en la elección de magistrados el panorama sigue incierto.

Es preocupante, ya que este proceso nos impacta a todos. Incluso a aquellos que no han estado pendientes del mismo. Aunque no votemos por jueces y magistrados, ellos imparten uno de los servicios públicos más importante del Estado: la justicia del país. El Organismo Judicial resuelve múltiples temas que impactan la vida de los ciudadanos. Son sus resoluciones, su independencia, objetividad y las iniciativas de la Corte Suprema de Justicia las que en parte dotan de certeza jurídica al país. Actualmente Guatemala ocupa el puesto 101 de 128 países en el Índice de Estado de Derecho. Ese puesto tan bajo en el índice tiene consecuencias incluso económicas. Los países con estados de derecho débiles no atraen inversión ni empleo. Por lo tanto, el tema de elección de cortes nos atañe a todos, pues puede afectar nuestro empleo o la forma en la que resolvemos disputas.

El año pasado, la elección de magistrados fue olvidada por la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, este año está siendo olvidada por el Congreso. Si bien los diputados no han sido los responsables de que este proceso se haya alargado y se haya incumplido el plazo constitucional para el relevo de magistrados, no han tenido premura para comenzar a elegir a los magistrados.

Esta elección de cortes (aún por concluir) ya nos ha demostrado que no solo debemos prestarle atención a cómo se elige al organismo ejecutivo y al legislativo sino también al Organismo Judicial. Tenemos que aprender de este atropellado proceso para verdaderamente crear un estado de Derecho para el futuro. Es inadmisible otra elección que golpee la institucionalidad del país e incumpla principios básicos de cualquier república como el de la alternabilidad en el poder, la periodicidad de los cargos y en especial los límites al poder.