Publicada el martes 30 de enero de 2018, mi columna titulada Encrucijada ofrecía reflexiones sobre la crisis política que Guatemala estaba atravesando en aquel momento. Sorprendentemente, esos pensamientos, que en su momento parecían proféticos o, mejor dicho, “prospectivos”, son hoy más relevantes que nunca, ya que nos encontramos ante la misma bifurcación.

Escribí en aquel entonces: “Si el pesimismo tuviera color, el negro sería el tono de esta columna. La llamo ‘Encrucijada’ porque, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), significa: 1. ‘Lugar donde se cruzan dos o más calles o caminos’, 2. ‘Ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, asechanza’, 3. ‘Situación difícil en la que no se sabe qué conducta seguir’”. Fin de la cita.

Actualmente, nos enfrentamos a una encrucijada que divide dos caminos: El primero se centra en la eliminación del partido Semilla, basada en un historial legal que data de 2019. Surgió de ciudadanos que denunciaron la falsificación de sus firmas, entre otros delitos graves, que el Ministerio Público ha estado investigando.

Mientras tanto, el proceso electoral seguía en marcha. El caso llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, que concluyó que no se puede anular un partido en medio del proceso electoral, aunque sí se puede continuar investigando. A partir de ahí, la situación se complicó, ya que el partido demandado ganó las elecciones con una mayoría considerable. Nos encontramos, entonces, en una encrucijada: Aunque existan supuestas ilegalidades notorias y comprobadas, la coyuntura política, la presión internacional y nacional generan un ambiente tenso y una serie de externalidades que van desde la polarización hasta una ingobernabilidad de alto riesgo.

El choque de trenes no cesará. El partido Semilla y el presidente electo tendrán que lidiar con esta coyuntura mientras inician el difícil proceso de organizar un gabinete en plenos tiempos del cólera, como diría Gabo.

El mandato del pueblo es claro: Eliminar la corrupción y el sistema clientelar político que ha predominado en las últimas décadas. Decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Siempre se ha reiterado que el problema de la corrupción es sistémico, no individual. Encarcelar a unos pocos no resuelve el problema de fondo. Consensuar una salida políticamente viable, con una hoja de ruta enfocada en detener la confrontación y en salir de la crisis, al mismo tiempo que se atienden las “causas” que fomentan la corrupción mediante la aprobación de leyes anticorrupción y reformas institucionales necesarias, en la coyuntura actual y hasta el 14 de enero de 2024, no es viable, porque la hoja de ruta actual es de colisión y esta continuará incluso después de 2024.

Los obstáculos son muchos. En noviembre próximo, el Congreso deberá aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2024. La mayoría oficialista tendrá total libertad para modificarlo, aprobarlo o rechazarlo. La nueva administración, durante su primer año, tendrá que regirse bajo el yugo de un presupuesto que no coincide con sus estrategias políticas y, siendo minoría, enfrentará el desafío de tener que negociar una agenda consensuada sin vulnerar sus promesas de campaña. Es como trabajar en una mina de carbón con vestimentas blancas…

No lo tiene fácil Arévalo. Un ejecutivo tan restringido, dentro de un sistema clientelar de tan largo aliento, solo puede medio controlar el gasto de los ministerios, especialmente el de Comunicaciones, Salud y Educación. En el primero se encuentra el gran bolsón de dinero donde se han venido desfogando todos los compromisos clientelares con los diputados. Sus demandas clientelares siguen vivitas y coleando.

¿A qué aspiramos? A los principios fundamentales: libertad individual, igualdad ante la ley, derecho y respeto a la propiedad privada. Esas son nuestras aspiraciones.