La Organización Mundial de la Salud emitió recomendaciones para los países que consideran salir de la cuarentena y buscan reactivar sus economías. Primero, deberían mostrar un descenso sostenido durante 14 días del número diario de casos reportados. No es la situación de Guatemala todavía: acá el número de casos va en escalada. Por la poca información que dan, vivimos en incertidumbre sobre cómo se puede comportar esta etapa, cuánto tomará llegar al pico epidémico y su duración y cuándo comenzará el esperado descenso sostenido en el número de casos. Segundo: el sistema de salud debe tener capacidad de detectar, testear, aislar y tratar cada caso —importado o comunitario—, y rastrear contactos. Esto implica haber logrado una tasa de aplicación de pruebas en la población que ronde unas 5,000 por millón de personas. Si bien se ha ampliado la aplicación de pruebas en los últimos días, estamos muy lejos de ese número. Tercero: que haya capacidad en empresas y lugares de trabajo para aplicar los protocolos básicos de higiene y distanciamiento social. Añado que haya transporte público con adecuadas medidas de prevención (ilusión). Cuarto: una ciudadanía informada y que se adhiere al cumplimiento de los protocolos de higiene y distancia social. Basta salir a la calle para ver que ello no está ocurriendo tampoco.

La tarea es enorme para el Ministerio de Salud. Más ahora que se ha destapado la envergadura del caos de la gestión institucional y la precariedad en los hospitales Covid-19, y eso que apenas despega el número de contagios registrados. Lamentablemente, como había mencionado en mi columna anterior, no se dio prioridad antes a preparar el sistema público de salud para enfrentar la situación que ya, a principios de febrero, se anticipaba que podría ocurrir. Su indicador más evidente son las bajas tasas de ejecución que rayan en lo ridículo cuando hay tamaña necesidad de personal, de equipo de protección personal y de insumos médicos para atender a la población.

Detrás de esta situación hay, sin duda, temas estructurales a los que se suman situaciones de coyuntura que hay que ponderar: un gobierno agarrado por el covid-19 en pleno arranque, con poca gente con formación y experiencia en gestión pública y de salud pública en su equipo de trabajo; con evidentes conflictos de interés y con conatos de corrupción abortados a tiempo por la acción del periodismo de investigación, y que les llevó a botar licitaciones y a cambiar, en el lapso de cuatro meses, a tres viceministros (dos veces, de vice administrativo); errores, lentitud y descontrol en los procesos de compra de reactivos, insumos médicos y equipo de protección para el personal; lentitud en el reclutamiento y contratación de recursos humanos; falta de continuidad en procesos administrativos del personal de salud preexistente que hacen que un médico exponga su vida por un salario que no solo no alcanza ni los Q8 mil mensuales; poca claridad en cómo proceder con la gestión administrativa y financiera de los hospitales-carpa. Muchos elementos que afloran ahora que la demanda de asistencia hospitalaria crece y amenaza con desbordarse, a pesar de que, supuestamente, tenemos todavía un porcentaje muy bajo de pacientes covid-19 en condición crítica. De hecho, ni lo sabemos, pues el secretismo sobre la información epidemiológica es otro rasgo debilitante de la gestión pública ministerial y de gobierno de la epidemia. La mala gestión pública potencia la letalidad del virus SARS-CoV-2. Fortalecer el MSPAS y mejorar su gestión nos dará mejores probabilidades de salir pronto de esta situación y de enfrentar una segunda oleada de covid-2019 con menores secuelas económicas.