El presidente de la República, su séquito, en especial sus escuderos de Gobernación y Cancillería, así como asociaciones de derecho privado afines, y ciertos funcionarios de otros organismos del Estado han denunciado la forma como opera la prisión provisional y sostienen algo cierto: su aplicación, en términos generales, es violatoria a los derechos humanos.
Todos los procuradores de derechos humanos han ocupado tiempo, energía y buena parte de sus esfuerzos para señalar el abuso de la prisión provisional. No cabe duda que a don Gonzalo Menéndez de la Riva le tocó un período complejo, porque fue hasta con la vigencia de la actual Constitución que se prohibió recluir a quien se encontraba con prisión provisional en el mismo sitio de quienes estuvieren condenados. Antes del 14 de enero de 1986 existieron personas en Pavón con orden de prisión provisional, la transición, sin duda, no fue fácil.

Ramiro de León Carpio y Jorge Mario García Laguardia reportaron casos de excesos de prisión provisional y del Sistema Penitenciario. Nuestra sociedad y en especial ciertas élites, con buena dosis de racismo y clasismo, fue y es en general poco empática a temas de derechos humanos —hasta que toca a alguien cercano—, basta medio pasar revista a las redes sociales para percatarse que buena cantidad de guatemaltecos estudiados considera que “eso de los derechos humanos es para mareros y comunistas”.

Si hemos tenido amigos, familiares, o bien nosotros mismos, dentro del Sistema Penitenciario podemos dar fe en cómo funciona ese mal llamado “sistema”. En un penal se sobrevive si se tiene plata y si existe suerte, miles de personas están amenazadas porque nuestro Estado es incapaz, en lo mínimo, de garantizar la seguridad en cualquier centro de detención.

El presidente, su vicepresidente —exrector de la Usac y de quien se esperaría cierto conocimiento mínimo en este tema—, así como sus escuderos, le echan la culpa de la prisión provisional a la Cicig y la Corte Suprema ve la luz al final del túnel y, además, a un ángel protector porque por primera vez “no es ese poder del Estado el responsable del abuso” en foros internacionales. Basta darse una vuelta por las carceletas bajo la propia Torre de Tribunales en el Centro Cívico para conocer la desidia institucional del Organismo Judicial y de los responsables penitenciarios. La prisión provisional la decreta, conforme las circunstancias del asunto, el juzgador y no un fiscal o acusador, acá no hay excepciones.

Con el discurso de violación a los derechos humanos, los funcionarios han dado vuelta a los Estados Unidos un montón de veces, sin embargo, callan en lo relativo a que desde diciembre del 2016 el propio presidente —quien alega, pero solo por su familia— sancionó y promulgó el Decreto 49-2016, Ley de Control Telemático, que bien podría servir para paliar el calvario de miles de personas y que a la fecha la norma no se aplica, porque no hay voluntad política, además es un secreto a voces que gente con poder procura el jugoso contrato, así el nivel de farsa.

En este contexto, legisladores dignos representantes del Siglo 13, discuten una Ley de Amnistía inconstitucional y violatoria del andamiaje internacional relativo a la protección de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Este gobierno tuvo una misión: destruir el pírrico sistema republicano y deslegitimar, lo más posible, el sistema democrático. Lo único positivo en este contexto es lo fácil de evidenciar la farsa del discurso oficial, pero sobre todo darnos cuenta que un gobierno que viola de forma sistémica derechos fundamentales nos coloca a todos en forma vulnerable, es cuestión de tiempo ser víctimas de él y por eso hay que estar preparados, se abusa siempre desde el poder y no podemos retroceder más.