El Fondo para la Paz publica cada año el índice de Estados frágiles, que evalúa por medio de 12 variables divididos en cuatro pilares qué tan capaz es un Estado de generar la legitimidad política para hacer frente a los diferentes retos de una sociedad en términos de cohesión, desarrollo económico, aspectos políticos y variables sociales.

A escala global, los Estados más frágiles del mundo son países africanos como Yemen, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Congo. Sin embargo, cuando vemos la evaluación para América Latina es clave percatarse que tanto Venezuela como Guatemala están en la categoría de países con una advertencia muy alta de no contar con Estados capaces de afrontar los riesgos sociales.

Por eso es tan poderoso el mensaje político del presidente Alejandro Giammattei de haber ido al municipio de San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango, en los primeros días de su Gobierno y la reunión del Gabinete de Puertas Abiertas, que se llevó a cabo en Quetzaltenango la semana pasada, visitando 10 de los 24 municipios del departamento. Esto da una luz de esperanza para continuar cambiando la tendencia de Guatemala en el índice de Estados frágiles. El Altiplano guatemalteco, así como el departamento de Alta Verapaz, han sido regiones olvidadas por muchos años por parte del Estado, con limitaciones muy altas en términos de inversión pública en el acceso a la justicia, infraestructura, salud y educación.

El mayor riesgo en la evaluación de Guatemala está en el indicador de agravio grupal, que se visibiliza claramente en grupos que operan al margen de la ley por la falta de mecanismos para integrar a poblaciones donde el Estado no tiene presencia. La alta ruralidad del país, con más de 7.48 millones de personas viviendo en municipios muy rurales —que representan el 44% de la población total—, aunado a una carga tributaria tan baja e ineficiencia en su ejecución, hace que no alcancen los recursos para atender las demandas sociales más básicas.

Otro indicador que debemos tomar en cuenta, que es un riesgo latente para el país, es la inequidad económica. Especialmente cuando vemos los altos índices de pobreza, marginación y falta de inversión social en muchos municipios con alta presencia de poblaciones indígenas. La estrategia de una agenda de desarrollo urbano enmarcada en la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 es una clara solución para aumentar las inversiones sociales en el país y generar consensos importantes hacia la aprobación de un mecanismo legal claro que genere las bases para que el Estado pueda implementar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, a la vez que se aumenta la inversión en formación bruta de capital fijo, especialmente infraestructura pública.

Llama la atención que en la evaluación del 2019 el país mejoró relativamente respecto a la evaluación del 2018 en los indicadores relacionados a las fuerzas de seguridad pública, equidad económica, ambiente económico, servicios públicos e intervención extranjera.

En la medida en que se logren los consensos necesarios para aumentar los servicios públicos y la urbanización en el país, Guatemala va a tener un Estado sólido. Esto requiere, por tanto, reformas importantes en materia de servicio civil, reforma electoral, fortalecimiento al sector justicia y una agenda digital que ayude a promover la transparencia y la calidad del gasto público, eliminando así los cuellos de botella que inhiben la capacidad operativa del Estado y generando mayor eficiencia pública.