¿Cuántos lectores recordarán que la costumbre en el sector público, cada vez que había cambio de gobierno, era llevarse toda la información de la dependencia, a veces hasta la computadora, o los archivos, según el caso, y dejar “en blanco” a las autoridades entrantes para que se les dificultara lo más posible el arranque de gobierno? De paso, esa mala práctica se aprovechaba para ocultar y/o desvanecer información delicada. Eran tiempos predigitalización: las computadoras no eran de uso generalizado y el internet era aún incipiente en el sector público, por lo que cargar con papeles y archivos era relativamente fácil, pues los sistemas de control de documentos —si los había— eran manuales, frecuentemente discrecionales también. Todo esto fue cambiando conforme se fue informatizando el Estado; no obstante, la práctica persistió, pues ahora era más fácil borrar la computadora y llevarse toda la información en un diskette y luego en un USB, dejando a las autoridades entrantes igualmente carentes de información.

Esta nefasta práctica es la que, en el gobierno de Óscar Berger, bajo el liderazgo del vicepresidente Eduardo Stein y de la Segeplán de ese entonces, al menos así lo recuerdo, intentaron que se abandonara, cuando propusieron e iniciaron con los procesos de transición entre autoridades salientes y entrantes. La transición fue entendida como una entrega organizada y sistemática de información que las autoridades próximas a dejar el cargo hacen al equipo entrante, con vistas a que los procesos que llevan las dependencias no se interrumpan por el cambio de autoridades.

Es un proceso eminentemente técnico y de carácter informativo, con el cual, y desde la perspectiva del gobierno saliente, se señalan, sobre todo, las acciones que requieren un seguimiento inmediato, para que los procesos del Estado no se detengan mientras los funcionarios entrantes toman control de las dependencias a las que fueron designados. También es un momento para transmitir a las autoridades entrantes aquellos elementos que el gobierno saliente considera prioridad y que deberían continuar, si así lo estima necesario el gobierno entrante.

En esos tiempos, el período de transición era, además, más corto: unos tres meses antes del fin de año del último año del gobierno, por lo que tenía mucho sentido hacer esa entrega de información, especialmente porque el 14 de enero quedaba mucho más cercano. Sin embargo, ahora que ese período es de entre cuatro a seis meses, el gobierno saliente tiene suficiente tiempo para dejar finiquitados la mayoría de los procesos que tiene en curso. Por ende, la transición debería ser más puntual y enfocarse en aquellos asuntos que realmente ameritan una explicación más amplia del gobierno saliente. Es más, debería ser priorizada para los temas específicos en los que el equipo de transición quiera profundizar.

La transición no fue pensada para ser un curso corto y mal apresurado de administración pública; tampoco es un proceso de “entrega del poder” como algunos piensan; mucho menos fue pensada para ahogar al equipo entrante en un mar de papeles, algo que ni siquiera hay necesidad de hacer ya en la era tecnológica. ¡Un total atentado ambiental! Sin embargo, el show montado ayer en el palacio con la parodia burlona “de dar la vida” y las cajas y cajas llenas de papeles no obnubilan a la ciudadanía ni a la comunidad internacional, cuando el sabotaje a las elecciones está ocurriendo a la par. El proceso de transición pierde sentido mientras el MP persiste con las acciones para criminalizar el proceso electoral, a los funcionarios del TSE y a los ciudadanos que no se prestaron a este abierto ataque contra el sistema democrático y sus resultados.