En 2015, los sectores de empresarios, militares, narcos, políticos, religiosos y otros engendros sociales asimilados que terminaron conformando lo que se ha llegado a conocer como el “Pacto de Corruptos” lograron meter un golazo para la segunda vuelta electoral: colar a Jimmy Morales y apostar que el enorme rechazo que despertaba la candidata Sandra Torres, más la creación mediática del personaje outsider limpio y ajeno a la corrupción, volcarían la decisión emocional de la población en contra de la candidata que parecía en ese entonces la más probable ganadora de la segunda vuelta.

¡Les funcionó la jugada y colocaron de presidente al sujeto más nefasto que hemos tenido en la historia contemporánea del país! Aunque hay que reconocer que Morales y sus secuaces han sido muy útiles para los propósitos de la narco-clepto-oligo-casta que lo puso en el poder: desactivar la única acción que ha logrado golpear con relativa dureza a la élite económica y política del país: la Cicig.

Ahora, en 2019, quieren repetir el mismo esquema de 2015, pero como el escenario no es el mismo, se anticiparon moviendo todas sus influencias para evitar que se inscriba a la candidata que, según las encuestas, podría complicarles la jugada. Y claro, que tampoco tiene prohibición constitucional explícita para participar. Por eso le montaron un patético quilombo jurídico, que ya solo la Corte de Constitucionalidad puede resolver. Este es el nivel de importancia que tiene en el momento actual el actuar de la CC. Una Corte que, por cierto, tampoco tiene nada de aséptica, como ya lo hemos visto, sino que tiene entre sus integrantes representación de esas fuerzas económicas y políticas vivas y en plena contienda por el control del Estado.

Estas son algunas razones por las que no comparto la postura de que la lucha contra la corrupción es algo “coyuntural” y que por ella se abandonaron los temas estructurales. ¡Como que acá alguna vez ha interesado que se aborden esos temas realmente! En su momento hicieron todo lo que pudieron para boicotear los acuerdos de paz, agenda que, de haberse cumplido, hubieran resuelto buena parte de los problemas estructurales que aun hoy tenemos. De haberse cumplido, hubiera evitado que ahora, por acumulación y fermentación, esos problemas se convirtieran en auténticas murallas que impiden la movilidad social ascendente de la gente a menos que se metan en asuntos truculentos y corruptos, sea desde dentro del Estado o desde lo privado.

Coyuntura y estructura están imbricadas por la corrupción. No podemos olvidar que el origen de la cooptación del Estado antecede a la penetración del narcotráfico y la criminalidad. Una élite económica siempre ha tenido ese dominio. Más bien, los narcos son ahora aliados incorporados a ese afán de mantener intacta la estructura económica y productiva del país, basada aún hoy por hoy en el control sobre la tierra, los recursos naturales y la mano de obra cuasi-esclava. Aunque la matriz productiva se ha diversificado, el control sobre la tierra y el agua sigue siendo fundamental para los principales productos de exportación agroindustrial y para las exportaciones agrícolas no tradicionales. Valga recordar que, después de los seres humanos —migrantes—, son los productos que más exportamos al mundo.

Coyuntura y estructura hacen síntesis en estos momentos, y se encarnarán en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. De sus magistrados depende que se mantenga abierta todavía la posibilidad de mantener un mínimo frente de resistencia contra la cooptación total, ya no solo del aparato estatal, sino de toda la sociedad y a saber por cuánto tiempo.