A partir del 15 de enero comenzaron a abrirse muchas de las cloacas de la última gestión gubernamental. Donde se abra, sale el hedor. Y lo que sorprende, aun en una Guatemala donde ya casi nada sorprende, es el descaro, cada vez mayor, de los corruptos que se aferran al poder y cambian, hasta sus propias narrativas anteriores, por discursitos populistas para ganar simpatías. Buaj. No se puede escribir sobre el asco con ponderación ni mesura, cuando lo que se describe es la narcocleptocracia en la cual aún vivimos.

También sorprende cómo, quizás por la velocidad de las noticias, la corta duración de nuestra memoria, o la ignorancia extendida en el país, termina normalizándose la corrupción anterior y pasándole las facturas a un gobierno que no lleva ni dos semanas en el poder. Si bien hay innumerables hechos de corrupción anterior, uno en particular define el quid de este orden corrupto: la mancuerna entre el ministerio público de Consuelo Porras, ente encargado de la investigación criminal, la actual corte de constitucionalidad, que funciona para y por el pacto de corruptos, y el sistema de justicia que cuenta con tantos operadores dispuestos a politizar la ley y declararle una guerra jurídica a los enemigos del pacto. Con minúsculas los nombres de las instancias responsables de este caos, reconociendo también el papel fundamental de los titiriteros que financian el trabajo sucio.

El caso más simbólico es el de Jose Rubén Zamora, aún en prisión, luego de casi dos años de confinamiento, en condiciones inhumanas. El ministerio público le arma el caso por órdenes superiores y, gracias a una orden judicial de Orellana, juez señalado por corrupción, va a prisión y enfrenta una justicia pactada para mantenerlo allí, sin contar siquiera con abogados defensores, por el hostigamiento hacia ellos. Paralelamente, allanan y cierran oficinas de elPeriódico, medio incómodo para los corruptos. Ese mismo sistema judicial es con el que tiene que lidiar el nuevo gobierno y es, también, el obligado a resolver su caso.

No es lo mismo sospechar que saber. El conocimiento cambia a las personas y a las sociedades; por ello, en nuestra historia hay tantos intelectuales asesinados o desterrados, y en nuestro presente tantos periodistas, abogados y fiscales en el exilio. Mantener en la ignorancia a una gran parte de la población, intencionalmente y por siglos, ha sido lo que nos ha hecho descender a este infierno, de la mano de un pacto de corruptos cuya perversidad en la última década ha sido indescriptible. Eso, más la corrupción enquistada en casi todas las instituciones del narcoestado y un conflicto armado que fracturó por 36 años a la sociedad, y del cual aún no sanamos, ha definido la tormenta perfecta para Guatemala. Demasiada maldad para tan poca verdad. Demasiada corrupción. Recordemos, por ejemplo, que fueron los decanos de cinco universidades (Istmo, Occidente, San Pablo, Usac y Panamericana) quienes votaron en segunda elección a favor de la actual fiscal general, sobre quien pesaban serias tachas.

Solo en esta semana tres casos de evidente corrupción: según comunicado reciente de la Sosep, del 1 al 16 de enero del 2024 se usaron Q3.658,200.00 en el renglón presupuestario 419 (otras transferencias a personas individuales) y se solicitó auditoría a la Contraloría General de Cuentas. En otro orden, y según denuncia el diputado Orlando Blanco, hubo más de 400 plazas fantasmas en contratos de personal durante la administración de las dos últimas juntas directivas del Congreso de la República. Y, según el diputado Samuel Pérez, en el caso que se sigue contra el Movimiento Semilla, el mismo juez Orellana (sí, el del caso Zamora) se niega a darles el expediente, a pesar de los fallos judiciales emitidos para que se conozca su contenido, lo cual impide una buena defensa. Hay que sacar a las personas corruptas de las posiciones de poder. Por la vía constitucional o a través de una consulta popular, pero sacarlas. O seguir viviendo, como en La Mátrix, a la sombra de aquel famoso dicho inglés: “La ignorancia es la felicidad”.