Los ataques contra jueces, juezas y fiscales independientes son cada vez más graves. No solo en el discurso, sino en los hechos. Envalentonados como están porque tienen el control de los tres organismos del Estado ya ni siquiera guardan las formas.

De nuevo, el sábado pasado, Alejandro Giammattei apareció en una entrevista en un medio internacional anunciando la próxima jugada del MP. Aunque intentó recular diciendo que la fiscalía es autónoma y que él no tiene injerencia en las decisiones, dijo con todas las letras que muy pronto se conocerá la fase 2 del caso Odebrecht, que seguramente es la vía que encontraron para seguir criminalizando al exjefe de la Feci Juan Francisco Sandoval, a la ex fiscal general Thelma Aldana y a la jueza contralora del caso, Erika Aifán.

La estrategia es bastante burda y predecible, aunque no por ello menos preocupante. Inician con una campaña orquestada en las redes sociales donde decenas de cuentas falsas replican y reproducen desinformación, medias verdades y acusaciones infundadas. Siguen con algunas publicaciones en los medios aliados de los grupos pro impunidad para darle un barniz “periodístico” a los casos y, cuando el “terreno” de la opinión pública está suficientemente preparado, lanzan al ruedo a su aliada —Consuelo de los corruptos—, su leal fiscal general. A grandes rasgos ese ha sido el modus operandi para ir quitando del camino a quienes aún representan un obstáculo en su búsqueda de impunidad.

Con el MP y las altas cortes de su lado, las baterías se enfilan contra fiscales y jueces independientes. Acabamos de verlo con el despido ilegal y arbitrario de Juan Francisco Sandoval y con el montaje que desde el Despacho Superior armaron para pedir su captura. Y claro está, no podía faltar la designación de Rafael Curruchiche como nuevo jefe de la Feci, con la que se aseguran frenar las investigaciones en curso, traerse abajo los procesos judiciales y armar casos para perseguir penalmente a quienes osaron encabezar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

No hay que ser muy perspicaz para saber que lo que viene —y en eso están— es tomar por asalto el juzgado “D” de Mayor Riesgo, a cargo de Erika Aifán, una jueza firme e independiente que a pesar del hostigamiento, las amenazas, las decenas de denuncias espurias y las tácticas de amedrentamiento contra ella y su familia dicta resoluciones y hace avanzar los procesos judiciales que involucran a personas de enorme poder político y económico del país, que desde siempre se han considerado “intocables”.

Como no han podido quebrantar su independencia judicial y saben de su inalterable voluntad por hacer cumplir la ley, están usando todo tipo de artimañas para sacarla del juzgado y, por supuesto, para cobrarle la osadía de hacerles enfrentar la justicia.

Contra la jueza Aifán se han interpuesto decenas de denuncias penales sin sustento que pueden utilizarse —en cualquier momento— para mandarla a prisión, una vez consigan retirarle la inmunidad. Por eso preocupa enormemente que la CSJ declare con lugar la solicitud de antejuicio interpuesta por el cuestionado abogado Wilber Castellanos, en nombre del Instituto de Magistrados, que tiene a varios de sus miembros involucrados en una red que influyó indebidamente en los procesos de elección de las actuales autoridades de las cortes.

Si consiguen su propósito echarán por tierra los casos judiciales contra redes y estructuras criminales que han defraudado al Estado, malversado recursos públicos, sobornado a funcionarios para obtener contratos y financiado ilícitamente campañas electorales. Me niego a vivir en la dictadura de la impunidad, por eso apoyo a la jueza Erika Aifán y a las y los jueces y fiscales independientes.