Cuando Roxana Baldetti amasaba un fuerte poder político gustaba de contar la anécdota de cómo en el 2004 eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alrededor de una cama, en una suite del Hotel Vista Real. La medida para la distribución de magistrados entre los jefes de bancadas era la cantidad de diputados que cada uno tenía. Las comisiones de postulación se convertían en un puro trámite en el que los cabilderos se encargaban de ajustar los intereses espurios. En el 2014, a Manuel Baldizón, de Líder, y Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota, les correspondió escoger a los magistrados que aun hoy se encuentran en sus cargos. No importaban los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez ni honorabilidad, solo los intereses partidarios. Para la nueva elección, el capo pasó a ser Gustavo Alejos Cámbara, que desde noviembre del 2019 tenía su centro de operaciones en un hospital privado de la zona 2.

¿Qué perseguía Alejos Cámbara? Bueno, este empresario está implicado en cinco casos penales y manejar a quienes imparten la justicia es importante. Lo mismo sucede con Felipe Alejos Lorenzana. ¿Cómo entender que en tres ocasiones los magistrados de la CSJ rechazaran el antejuicio contra este diputado, del partido Todos, vinculado al caso Traficantes de influencias? Los administradores de justicia del más alto nivel del país le negaron tres veces al MP la posibilidad de investigarlo, con lo que contravinieron un fallo de la Corte de Constitucionalidad. Claro, es entendible esa maniobra de magistrados impuestos por Baldizón y Sinibaldi. ¿Por qué la preeminencia de Alejos Lorenzana? Muy sencillo, se ha convertido en un hábil negociador y pieza clave para sostener la alianza que llevó al diputado Allan Rodríguez, de la débil bancada de Vamos, a la presidencia del Legislativo, a quien maneja a voluntad. Aunque no sean familiares, Alejos Lorenzana es vital en el Congreso para Alejos Cámbara. No es casual que este diputado sea vinculado por el MP como integrante de las redes que influyen en la elección de magistrados.

Pero esas alianzas corruptas han encontrado en el fiscal Juan Francisco Sandoval a alguien decidido a desenmascararlas. Solo así se entiende la campaña negra que han lanzado contra este fiscal para dañar su imagen pública, porque se ha convertido en una molestia para las mafias. Para ello, han contado con la colaboración de la estructura en la que participa la cubana Bárbara Hernández, que ha tratado de ponerle trampas al fiscal general con videos y audios hechizos. Hernández forma parte de la red que fraguó la campaña de desprestigio contra Iván Velásquez, jefe de la Cicig, y de Thelma Aldana, ex fiscal general, y en la que se involucraron, entre otros, el prófugo Estuardo Galdámez, el expresidente Jimmy Morales y otros exfuncionarios de gobierno. Como se ve, las mafias están articuladas y van tras el control de la justicia.

El fiscal Sandoval presentó la semana pasada el informe Comisiones paralelas 2020, en el que se ubica a Alejos Cámbara en el centro de las negociaciones para elegir a magistrados de la CSJ. La investigación del MP revela cómo este empresario se reunió en un hospital de la zona 2 con diputados, jueces, integrantes de las comisiones de postulación y aspirantes a magistrados. Ese informe vino a romper la estrategia que ya tenía definida esta red para apoderarse de la cúpula de la justicia. Si los diputados respetaran el fallo de la CC tendrían que elegir magistrados con base en capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad, y no a quienes han negociado con las mafias. Además, estos hechos demuestran el carácter impostergable de una reforma constitucional del sector justicia que se discuta ampliamente en el seno de la sociedad y tome en cuenta la propuesta de reforma del 2016, promovida por varios sectores del país