Si no me equivoco, algunos confunden dos órdenes de cosas, con lo cual terminan apoyando causas que, me parece, realmente no quisieran respaldar. Me refiero, más concretamente, a los comentarios que han circulado en algunas de las redes sociales cuyos autores toman distancia de lo planteado por la vicepresidenta Kamala Harris por el hecho de que ella pertenezca al Partido Demócrata.

El razonamiento que creo entender detrás de este tipo de comentario es que, como ella es liberal, con el significado que este término tiene en la política estadounidense, entonces el gobierno de Guatemala no debiera acceder a lo que ella ha venido a plantear en nombre del gobierno de los Estados Unidos.

Creo que esto se debe a que los autores de esos comentarios entienden que hay dos perspectivas ideológicas para luchar contra problemas como la corrupción. Es decir, que hay una perspectiva republicana y otra demócrata para enfrentar un problema de este tipo. Es como si las estrategias que pudieran articular los fiscales y los detectives al investigar un delito de cohecho o de peculado, por ejemplo, pudieran distinguirse entre estrategias de “izquierdas” o de “derechas”.

No niego que ciertas políticas públicas en materia económica pueden dar lugar a más oportunidades para dar o recibir sobornos, para malversar fondos o para favorecer a partidarios o aliados con contratos con el Estado. Por ejemplo, una política de tipo proteccionista en el comercio internacional generalmente produce más corrupción en el sistema de aduanas e incrementa los beneficios potenciales para los contrabandistas. Pero la vicepresidenta Harris no ha venido a plantear la adopción de determinadas políticas económicas; lo que ha venido a plantear es que, sin una justicia independiente, es imposible edificar un estado de Derecho y conseguir un mayor crecimiento económico.

Ella ha venido a plantear la necesidad de que los órganos del Estado guatemalteco conciban e implementen ciertas reformas a un nivel fundamental. Esto también es importante porque, sin un sistema de justicia independiente, de poco sirve adoptar políticas económicas o sociales acertadas, sean intervencionistas o de libre mercado, pues la delincuencia persiste. De nada le sirve a un pequeño empresario tener éxito en sus negocios si tal cosa lo convierte, automáticamente, en blanco de extorsionistas o de mareros.

Por supuesto que la justicia puede llegar a administrarse con sesgos partidistas. Muchas veces, en la historia universal y de este país, la justicia ha estado al servicio de los que están en el poder y en contra de los opositores —si no, miremos los últimos acontecimientos en Nicaragua. Pero eso no es un problema de ideologías encontradas, sino de falta de independencia judicial. Un juez puede, como ciudadano y en la dimensión cívica de su vida, favorecer una política fiscal más conservadora o una política económica menos intervencionista en los mercados, pero eso es muy diferente de negarle a un procesado una medida sustitutiva de arresto domiciliario, por ejemplo, por el hecho de ser un opositor político del partido oficial.

La lucha contra la corrupción ha sido, según me parece, el tema central de esta visita oficial de la vicepresidenta de los Estados Unidos; ni es una cuestión de ideología ni de política económica, sino de articular unas instituciones y unos medios que garanticen, verdaderamente, la independencia judicial. Sin ese elemento fundamental del estado de Derecho, carece de sentido esperar resultados diferentes. Y eso requiere, creo yo, emprender una reforma constitucional de la justicia, de modo que los jueces y magistrados gocen de estabilidad en sus cargos y de inamovilidad, salvo por causas legales y comprobadas. Las reglas vigentes no consiguen lograr esos presupuestos de la independencia judicial.