La salida al exilio de la jueza Erika Aifán evidencia en toda su magnitud el grado de indefensión en que se encuentran los operadores de justicia que no se han plegado a los intereses de la dictadura de la impunidad y el crimen organizado. A la fecha son más de 20 abogados, fiscales y jueces los que han tenido que irse del país para preservar su vida ante la ola de acciones en su contra. Desde la salida del país de la Cicig, las fuerzas oscurantistas comenzaron una estrategia para deshacerse de todos aquellos que se interpongan en su camino, ya que el objetivo es quedar en la completa impunidad. Esta es una estrategia dirigida desde la Casa Presidencial y que tiene vasos comunicantes con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y estructuras que apelan al recurso del terror. Por supuesto, estas acciones cuentan con el beneplácito de la cúpula del sector empresarial.

¿Cuál fue la razón de que forzaran a Aifán al exilio? La jueza tenía a su cargo casos como Corrupción y construcción, Comisiones paralelas, Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht, Red de poder, Corrupción y lavado de dinero y las maletas de José Luis Benito, en el que estaría implicado el presidente Alejandro Giammattei. Por esa razón, la fiscal Consuelo Porras y el Instituto de Magistrados, entre otros, fueron los instrumentos para tratar de quitarle la inmunidad como juzgadora. El caso de esta última organización es sintomático de la perversidad de las acciones. El presidente del instituto interpuso la denuncia contra Aifán, el secretario del instituto es el juez pesquisidor y el tesorero del instituto es miembro del pleno de la Corte Suprema. En otras palabras, esa institución, que goza de prebendas de parte de la presidenta de la CSJ, Patricia Valdez, era denunciante y verdugo a la vez.

La jueza Aifán dice que las constantes presiones, amenazas y hostigamientos en su contra no le permitieron continuar en su cargo por el riesgo de su vida, libertad e integridad. Asegura que las acciones en su contra se agravaron en los dos últimos meses por llevar el único proceso penal en la historia del país que involucra a funcionarios de los tres poderes del Estado, con lo cual se percibe de dónde provienen los ataques. La jueza dice que afrontó múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de su despacho. La criminalizaron con más de cien procesos penales, unas 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y unas 30 peticiones de antejuicio. A ello se agregó una campaña mediática de desprestigio y odio por su condición de jueza y mujer. Esta situación demuestra que los ataques son una forma de terrorismo de Estado.

Afortunadamente Aifán se encuentra en resguardo en Washington, porque si hubiera continuado al frente de su cargo, a las estructuras de corrupción e impunidad no les hubiera importado atentar contra su vida. La ahora exjueza lo tiene muy claro cuando afirma lo siguiente: “El Estado ha sido cooptado por miembros de estructuras criminales. Lo venimos señalando desde hace mucho, en diversas sentencias judiciales. Se ha socavado el Estado democrático y las estructuras criminales han hecho un esfuerzo muy importante por obtener impunidad y para ello cooptar el sistema de justicia. Cuando vemos que en Guatemala ya no se cumplen las formas del debido proceso ni aun en las más altas cortes, nos damos cuenta de que el sistema de justicia ha sido socavado”. Es evidente que el país se ha convertido en el reino de la impunidad. Por eso es risible cuando el presidente Giammattei asegura que su gobierno protege a los miembros del poder judicial, porque se sabe que él es responsable de esta crítica situación.