Se van porque la vida en Guatemala vale poco o nada, y sobrevivir es un acto de heroísmo para más del 70 por ciento de la población que vive en situación de pobreza o pobreza extrema. Se van porque las violencias son múltiples y todo ser humano quiere vivir mejor y tiene derecho a ello. Se van por la falta de justicia, por la corrupción, por la exclusión que han vivido, porque no encuentran trabajo, porque quieren buscar a sus familiares que se tuvieron que ir para mandar dinero a casa. Se van porque no quieren entrar en la lógica narco o en el mundo de las pandillas que “les toca” a los menos favorecidos. Se van porque Guatemala es invivible para miles de personas.

La migración, más allá de ser un fenómeno social, es un problema profundamente humano. La paradoja es que termina siendo un problema de calado económico e interés político. El 10 de enero de este año, este mismo medio de comunicación publicó un artículo que iniciaba diciendo que “Guatemala recibió US$25 millones diarios en remesas familiares durante 2018”, 13.3 por ciento más que en el año anterior. Un total de US$9 mil 287 millones, según el Banguat. Ese ingreso superó la recaudación tributaria y, además, por sí solo casi se equipara a las exportaciones e importaciones juntas. Y si hablamos que las grandes empresas apenas aportan el 15 por ciento de empleo formal en el país, entenderemos cuán importante es el rubro de las remesas para la gente de Guatemala, para nuestra deteriorada economía y el por qué de su bancarización. Sin embargo, la inclusión financiera de los migrantes sigue siendo en extremo limitada. Aquí es donde entra en juego lo político.

La clase política de nuestros empobrecidos países no solo no invierte lo suficiente en la protección, cuidado, salud y seguridad integral de su ciudadanía, sobre todo de niñez y adolescencia, sino que se acerca a los migrantes en Estados Unidos para obtener su voto o el de sus familias cada cuatro años, y para ver si quieren que el gobierno les maneje las remesas y les diga en qué y cómo invertirlas. Propuestas obscenas de políticos corruptos que no se ocupan de la ciudadanía cuando pueden y deben hacerlo, sino que, además, quieren abusar de los recursos que a los migrantes les han costado desarraigos, traumas, deudas y hasta la vida. Según datos del Observatorio Regional de Migración (Oremi), hasta mayo de 2019 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó la detención de 24 mil 638 niños, niñas y adolescentes de Guatemala, cantidad que supera en 10.35 por ciento las detenciones durante el año fiscal 2018.

Las imágenes de niños prisioneros en centros de detención, la del niño abrazando a su padre muerto en Morelos mientras migraban como unidad familiar, así como las de niñas, niños y adolescentes muertos en el desierto, en ríos caudalosos o en centros de detención de Estados Unidos, no son fotos. Son historias de vidas perdidas, de esperanzas mutiladas. Ante ello, se esperaría que la clase política guatemalteca expresara una postura contundente para que la gente fuera tratada como gente. Por el contrario, la clase política guatemalteca actualmente en el gobierno toma tres caminos: el del silencio cómplice, el del servilismo que viene a contarnos que “todo está bien”, mientras varios políticos estadounidenses los desmienten y ponen en evidencia, y el de los mercenarios que ejecutan la Operación Gobernanza, por medio de la cual la Policía Nacional Civil está deteniendo y deportando a personas extranjeras, violando convenios y acuerdos regionales e internacionales signados por Guatemala.

Hasta las siguientes elecciones en Estados Unidos (noviembre 2020), veremos cómo la migración sigue sirviendo a intereses políticos. Mientras, que no se olviden los políticos de aquí y de allá que la humanidad se hizo caminando y que antes que nada somos seres humanos.