El control que ejercen la familia Arzú y sus allegados en la Municipalidad de Guatemala, desde 1986, ha significado un constante abuso de poder. La consigna es utilizar los fondos ediles para el financiamiento del Partido Unionista de la manera más burda. Así ha sido con el uso de los fideicomisos y ahora con las exacciones arbitrarias a los capitalinos, con multas y colocación de cepos. El gerente de Emetra, Francisco Barnoya, confirmó que al mes colocan entre tres mil y cuatro mil cepos. El año pasado, los agentes de la PMT impusieron 31 mil 795 cepos, según datos oficiales de la municipalidad metropolitana, lo que le habría representado más de Q15 millones 897 mil. ¿Los conductores cometen tantas infracciones? qué va. Existen denuncias de agentes de la PMT de que sus jefes los obligan a imponer un mínimo de 15 cepos diarios. Esa sería la razón de que los agentes traten de colocar cepos a diestra y siniestra, lo que ha generado múltiples conflictos con los vecinos afectados.

Pero no solo es un hecho que las autoridades ediles utilizan esos fondos para las campañas proselitistas del Partido Unionista. También se conoce ahora la existencia de gastos exorbitantes que no tienen ninguna justificación. En una citación que el diputado Cristian Álvarez hizo al gerente de Emetra, se supo de la contratación de un primo de este funcionario que tiene un salario de Q450 mil mensuales. Sí leyó bien, Q450 mil mensuales. Carlos Enrique Asturias es el afortunado que devenga Q15 mil diarios por “servicios técnicos de verificación” en la Empresa Municipal de Agua (Empagua). La única explicación a tan desproporcionado sueldo, que representa 146 veces el salario mínimo en la capital, es que ese dinero se drene para la próxima campaña de los unionistas. Pero el despilfarro no para ahí. El alcalde Ricardo Quiñónez gasta Q1,604,400 al año en su seguridad, lo cual significa que eroga Q133,700 mensuales. ¿Tanto miedo tiene Quiñónez o es una estratagema para saquear los recursos ediles?

Este abuso de poder ha acompañado la gestión de la familia Arzú y sus allegados durante más de tres décadas. En el 2019, por ejemplo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Cicig revelaron que el actual alcalde, Ricardo Quiñónez, y el exconcejal Víctor Manuel Martínez estaban al frente de una estructura político-criminal que utilizó fondos de la comuna para la campaña proselitista del Partido Unionista. Esa agrupación se mantuvo en campaña permanente entre el 2011 y el 2015, por medio del uso de los recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana. Ese es uno de los tres fideicomisos constituidos por Álvaro Arzú para administrar los fondos de la comuna. La actual administración edil mantiene los Fideicomisos de Transporte, Apoyo a la planificación urbana y de Transporte y tránsito de la ciudad de Guatemala. Eso significa que continúa el flujo de recursos ediles para los unionistas.

La existencia de una campaña permanente explica por qué los arzuístas siguen con el control de la municipalidad, ya que no hay avances reales en la resolución de la problemática capitalina. En los 35 años en que han ejercido el poder, esta banda no ha logrado resolver la falta de agua en las colonias donde viven las personas de bajos ingresos. Tampoco ha solucionado la situación del relleno sanitario, un foco pestilente que nos recuerda la payasada de llamar a la capital “ciudad del futuro”. Otro tanto ocurre con el endemoniado tránsito de la metrópoli porque los pasos a desnivel de juguete que construyen no sirven para nada y postergan la posibilidad de ofrecer a los capitalinos un transporte colectivo, seguro y eficiente. Este es el lastre de más de tres décadas de control de una camarilla que se ha servido de los recursos de la comuna, sin atender las necesidades de los capitalinos.