Cuando un Estado se organiza, define su esquema de gobierno y crea las instituciones adecuadas a fin de alcanzar sus objetivos. Guatemala escogió el sistema republicano con tres poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

El Ejecutivo lo integran ministerios, secretarías, direcciones generales, instituciones descentralizadas y demás entidades que generan la imagen física del país: planificación territorial, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, equipamiento, edificios públicos, plazas, parques, paisaje urbano y un largo etcétera. Su porcentaje dentro del presupuesto general de gastos es considerable y, hasta donde se conoce públicamente, es en donde la alegre corrupción crece exponencialmente en cada período de gobierno al amparo de la contratación de obra.

Al hacer un breve recuento de la historia reciente, saltan a la vista grandes obras como el Centro Cívico (1950-60), Carretera al Atlántico (1951-59), Anillo Periférico de la ciudad de Guatemala (1970-74), Autopista al Pacífico (1972), Hidroeléctrica Chixoy (1977) y Puerto Quetzal (1980). Proyectos que, en su momento, fueron comentados, criticados y alabados por su importancia, beneficio a la Nación y lo que implicó en términos del uso del suelo; negocios, despojos y costos de inversión… aunque su evaluación social resulta positiva.

No es casualidad que esas obras correspondan al período anterior a la era democrática iniciada en 1986. Con la nueva modalidad se optó por relajar el manejo de las instituciones, adecuándolas rápidamente para quedar bien con correligionarios, compadres y familiares a quienes, a tono con el sistema, debió pagarse favores y deudas adquiridas en el período de la campaña electoral; se encontró de dónde y cómo obtener dinero del Estado.

Para eso, los altos cargos dentro de la administración son asignados a colaboradores y amigos, más que por méritos profesionales o académicos, por su compromiso para saldar deudas y, de paso, salir del anonimato económico personal. De ahí el auge en la construcción de centros comerciales, edificios de apartamentos; venta de automóviles de lujo y otros vehículos asociados al ocio: lanchas, yates, motos, helicópteros, aviones y demás juguetes caros.

Pero para fines de mantener el poder que garantice inmunidad a la indispensable impunidad por la vía de la reelección, los funcionarios, durante el período preelectoral, hacen aparecer, al igual que los magos en la feria, como por arte de magia, conejos y palomas de la chistera. Hacen transferencias presupuestarias que les permiten vender la ilusión de manejar instituciones eficientes. Hacen surgir de la nada, en irrisoria incontinencia de obras, reparación de calles y banquetas, pintura de bordillos, señalización vial (rótulos y pintura de carriles en calles y carreteras) y recapeos asfálticos. Una que otra obra nueva, sin justificación alguna, pero que garantiza ganancia.

Toda una dinámica artificial, tendente a dar la impresión de diligencia y eficiencia, que a lo largo de los últimos tres años no tuvieron por estar entretenidos en el derecho de su nariz. Los dirigentes apuestan a la corta memoria del chapín ordinario, al que además consideran estúpido, creyendo que con lavar de esa manera la cara de la obra pública serán votados de nuevo.

La era democrática iniciada en 1986, es cierto, no satisfizo las expectativas generadas, pero junto a los acuerdos de paz de 1996, el pueblo ganó libertad de expresión y por su medio hizo caer la venda de sus ojos. Aprendió a leer entrelíneas el falso discurso de los políticos, pero sobre todo le hizo perder el miedo al autoritarismo que caracterizó a los gobiernos militares y a desenmascarar el falso actuar de los encomenderos que tras bambalinas siguen gobernando.