“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona humana y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Es deber del Estado de Guatemala garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, dicen los artículos 1º y 2º de nuestra Constitución.
Trascendió cómo funcionarios del Ministerio Público lograron por medio de hallazgos fortuitos establecer una conspiración para atentar contra la vida de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes justo ayer fueron oficializados como presidente y vicepresidenta electos.

La vida es el derecho más preciado y es el cual obliga a la organización del Estado de Guatemala. Así es como las preguntas obligadas son: ¿Cuántos indicios y elementos tiene el Ministerio Público con relación a una denuncia tan grave, sobre todo cuando es evidente el destino de sus energías para torpedear el propio proceso electoral? ¿Cuál es la prioridad de la Fiscalía?

En Guatemala, en muchas ocasiones, y podemos encontrar ejemplos por montón, los cuales callamos por respeto a las familias de las víctimas, se captura a sicarios, asesinos a sueldo, pero muy pocas veces las investigaciones hallan a los cobardes autores intelectuales, quienes “encargan” los asesinatos y son los verdaderos promotores del crimen.

Abogados, comerciantes y médicos, entre otros tantos, son asesinados con toda impunidad a plena luz del día y frente a cientos de personas, sin que el Ministerio Público, a la fecha, pueda establecer los móviles y encausar a los cobardes asesinos, pero el colmo es cómo la propia planilla ganadora de una elección está bajo amenaza y, de seguro, la Fiscalía repetirá el mutismo de hace cuatro años, cuando también supo los planes de Mario Estrada, el dueño de UCN y partido de confianza del gobierno actual, para asesinar a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Oscar Schaad (los dos últimos, fiscales en ejercicio).

Poco importa cómo votó cada quien, poco importa si son nuestros candidatos preferidos quienes fueron electos concejales, síndicos, alcaldes, diputados, vicepresidente o presidente. Si una sociedad no está de acuerdo con que la vida es lo más preciado y lo que debe ocupar el tiempo y energía de las autoridades es defenderla, está perdida.

Los procesos electorales descansan en una competencia en la cual deben primar la libertad y el pluralismo político; ambos son complementarios. Si nuestras autoridades destinan su tiempo y esfuerzo para boicotear resultados electorales y desatienden su obligación en defensa de la vida y la libertad, nos encontramos dentro de un Estado fallido, no por sus alcances institucionales, sino por su dolosa omisión a cumplir con lo más elemental, y esto sin mencionar cuando esa actitud se asume en nombre de Dios.

Cerezo de seguro entregó el poder con disgusto personal a Serrano; Arzú, sin duda alguna, tenía revuelto el estómago cuando entregó la banda presidencial a Portillo, y no digamos cuando este último se la puso a Berger, y luego vendrían Colom y Pérez. Sin temor a equivocaciones, el único traspaso oficial ha sido de Morales a Giammattei, pero así, aun con animadversiones personales fuertes, nuestros presidentes respetaron el principio fundamental de la República: la alternancia del poder.

Los guatemaltecos fuimos a votar, pero un concepto tan fácil como lo es entregar el poder a quien más votos obtuvo lo pretenden convertir en un concepto abstracto y con tendencia a ponerse en duda, porque los galimatías de rábulas de mala fe quieren llevarnos a los años 70, donde el mandamás de turno decidía quién se sentaba en la silla, y así continuar el esquilme de un país con esperanzas pero sin oportunidades.