La tragedia de Chiapas en la que murieron 55 personas migrantes, en su mayoría guatemaltecas, desnuda la dramática situación que afrontan miles de familias en este país en el que las élites políticas y económicas les niegan todo, obligándoles a partir. No se van buscando el sueño americano, sino huyendo de la pesadilla guatemalteca.

La pobreza, la violencia, la falta de educación y de servicios de salud, además de la corrupción y la impunidad forman parte de las causas estructurales de la migración hacia los Estados Unidos. En tanto Guatemala sigue viviendo el colapso democrático y la regresión autoritaria, miles de personas, como efecto subyacente, huyen del hambre, la violencia, la inestabilidad política y los impactos de sequías, tormentas y huracanes que se hacen cada vez más frecuentes a medida que avanza y se acentúa el cambio climático.

Se lamentan de los cadáveres sobre el asfalto, de las escenas de dolor de las familias, de la suerte que corrieron los connacionales que abordaron el furgón que volcó, sabiendo que son responsables en gran parte de esta tragedia. ¿O qué esperan que haga la gente cuando no se aumenta el salario mínimo, cuando congelan los fondos para los programas de combate a la desnutrición o cuando el inventario de medicamentos en los puestos de salud y dispensarios está en cero?

Hace décadas que sabemos las razones que obligan a las personas a migrar y, sin embargo, en lugar de resolver el fondo del asunto, los sucesivos gobiernos se quedan en la retórica y emprenden acciones cosméticas, porque en el fondo este sistema colonial —impuesto a sangre y fuego por la cúpula económica durante los años de la guerra— ha configurado una desigualdad histórica que les beneficia. Los dineros que envían las y los migrantes ocupan un lugar destacado en el producto interno bruto (PIB). En 2020 se recibieron en Guatemala 11,340 millones de dólares (14.6% del PIB) en remesas, que superaron largamente la inversión extranjera directa y la inversión privada.

A la realidad vergonzosa de nuestros países con estados fallidos, desigualdades históricas y crónicas, políticos corruptos y una élite económica depredadora y avorazada —y también corruptora— se suman la persecución y la violencia de las políticas antiinmigrantes de las administraciones norteamericanas.

Las fronteras se están volviendo cada vez más conflictivas, se está acrecentando la criminalización y militarización y eso se traduce indefectiblemente en rutas más peligrosas y hostiles que obligan a las y los migrantes a caer en manos de las redes de traficantes de personas. La frontera sur estadounidense que se corrió a México, hoy llega hasta Guatemala y son las policías y los ejércitos de los países de donde provienen las familias migrantes, quienes les reprimen. Los “acuerdos” migratorios entre los gobiernos centroamericanos y el de los EE. UU. no tienen otra explicación sino tratar de congraciarse con la administración gringa para que se obvie su corrupción.

Solo así se entiende el entreguismo de Jimmy Morales cuando pactó con Donald Trump usar el territorio guatemalteco como una especie de campo de concentración para migrantes centroamericanos, o las patéticas declaraciones de Alejandro Giammattei quien, tras el accidente en Chiapas, publicó un tuit con la “brillante” idea de establecer como delito federal el tráfico de personas y que se incluya en el tratado de extradición. No sorprende, sin embargo, de alguien que todo lo resuelve con represión y que no entiende que la pobreza no se mata con cárcel ni a balazos.

En esencia, como dice la investigadora Úrsula Roldán, la movilidad humana desde Centroamérica significa “una denuncia pública y transnacional sobre el fracaso de los modelos económicos y políticos de nuestros países”.