En la lucha contra la impunidad siempre ha habido rostros visibles. Las y los sobrevivientes y testigos clave de graves violaciones a los derechos humanos, las víctimas y las organizaciones que les acompañan, las y los dirigentes e integrantes de comunidades y pueblos indígenas, las y los defensores de derechos humanos, las juezas, jueces y fiscales, las y los abogados defensores, los querellantes. También periodistas y columnistas que investigan y publican sobre estos temas.

Ponerse en primera fila, hacerse visible y señalar las maniobras y estrategias de los señores —y señoras— de la impunidad tiene un costo. Un enorme costo. No solo porque implica ser blanco de campañas de difamación y desprestigio, recibir acusaciones de todo tipo, como esa tan recurrida de “vividores del conflicto”, poner en riesgo la seguridad propia y la de la familia, sino también —en un país como este— ser blanco de persecución política, mediática y jurídica.

Recordemos el caso de genocidio, el de las mujeres de la comunidad Zepur Zarco, el de la familia Molina Theissen, el del asesinato de monseñor Juan José Gerardi o el de las masacres de Río Negro y las Dos Erres, para citar algunos ejemplos. En cada uno de estos procesos judiciales se tejió una estrategia muy bien articulada que no solamente tuvo como objetivo sembrar la duda y la confusión generalizada sobre cada caso, sino atacar a todas las personas clave para evitar que se alcanzara la justicia.

A la luz de los hechos podemos afirmar que no hubo casualidades. Todo fue milimétricamente planificado. Para encubrir a los autores materiales e intelectuales —sobre todo a estos últimos— crearon una sombra de duda sobre víctimas, testigos y operadores de justicia, para descalificarlos y restarles credibilidad.

Cuestionaron moralmente al obispo Gerardi con el fin de sustentar la tesis del crimen “pasional”. Idearon el ataque del perro Balú y consiguieron a un “experto” internacional para avalar esa hipótesis. A las mujeres de Zepur Zarco quisieron descalificarlas argumentando —incluso durante el juicio—, que se habían prostituido. A la familia Molina Theissen la acusaron de “esconder” a Marco Antonio para ganar una compensación económica.
A la jueza Yassmín Barrios y a la fiscal general Claudia Paz y Paz las hostigaron hasta el cansancio y las declararon “delincuentes terroristas”. A las y los testigos de las masacres —incluidos miembros de las exPac o del ejército— y a los sobrevivientes que dieron sus testimonios les tildaron de “mentirosos”. Y así podríamos seguir. Las campañas públicas de desprestigio forman parte de la estrategia de la impunidad, no hay que confundirse.

Las denuncias son otro elemento de la estrategia. Tienen por objetivo utilizar el derecho penal como herramienta de criminalización y desviar la atención sobre los casos, obligando —además— a que las personas involucradas en estos procesos ocupen su tiempo en defenderse.

Esto que ha ocurrido con quienes tienen mayor visibilidad y compromiso en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos se repite ahora con los casos de gran corrupción. Es la misma lógica, el mismo libreto. Procuran garantizarse impunidad y, de paso, castigar a quienes se atrevieron a desafiarles a través de la búsqueda y la aplicación de la justicia.

Contrariamente a lo que se afirma, quienes están más expuestos y corren el mayor riesgo no son los que tienen mayor notoriedad. La purga de los impunes —ahora que están envalentonados— es el castigo ejemplificante. Es el efecto disciplinador, para a que a nadie se le ocurra levantar la cabeza y cuestionar la impunidad del poder.