Los seres humanos actuamos racionalmente cuando alineamos los medios con los fines que deseamos conseguir. No todos preferimos las mismas cosas y por eso carece de sentido juzgar, desde fuera, las decisiones de otras personas. Sin embargo, solo podemos pensar en la idea de “personas excéntricas” porque hay muchas otras que prefieren, más o menos, cosas parecidas.

Por ejemplo, puede que haya personas que quisieran llegar a juntar alguna vez en su vida un millón de dólares para gastárselos en un mes en Las Vegas. Empero, son muchos más los que quisieran eso mismo, para invertirlo de tal modo que pudieran vivir holgadamente por el resto de sus días.

Por tanto, reconociendo que no todos tenemos las mismas preferencias, no me parece racional favorecer una ruta de confrontación entre tres órganos del Estado tan importantes, como lo son el Congreso y el Ejecutivo, por una parte, y la Corte de Constitucionalidad, por la otra.

Puede ser que los propios actores vean las cosas en términos de que no ha sido cada uno de ellos el que comenzó la confrontación y que, llegado este punto, ya “las espadas están desenvainadas”. Sin embargo, el Estado y la sociedad no se reducen a la cuestión de si la Cicig o su comisionado se excedieron de sus facultades y, por tanto, vejaron la soberanía del país. Tampoco se reduce a la lucha contra la corrupción “a toda costa”. Los costes siempre, siempre, hacen la diferencia entre una actuación racional o irracional.
Pues la sociedad está integrada por millones de ciudadanos que necesitan vivir en un régimen político estable, que garantice sus derechos y libertades; por unos empresarios que necesitan de estabilidad y de certeza jurídica para sus inversiones y negocios; por profesionales, iglesias, asociaciones, etcétera, que requieren de un conjunto de condiciones que les permitan realizar, en libertad y en orden, sus planes de vida o institucionales.

Así, si fruto de esa confrontación, la mayoría suficiente del Congreso lograra contribuir a defenestrar a los magistrados de la CC, ¿cuánto cambiarían las cosas a favor de la sociedad y del Estado?
Preguntémonos si, por ejemplo, mejoraría la inversión, en general. ¿De quién depende, principalmente, la certeza jurídica de las inversiones, del Congreso, del Ejecutivo o del más alto tribunal constitucional? Como es bien sabido, la función principal de zanjar las cuestiones constitucionales y legales compete, en última instancia, a la CC. Si la mayoría de ese tribunal puede ir a parar en la cárcel, por el contenido de sus opiniones, ¿mejoran las expectativas de certeza jurídica en este país?

Por supuesto, si se respondiera que: “si esos magistrados hubieran cometido el delito de Prevaricato o de Resoluciones Violatorias a la Constitución, sí mejoraría la certeza jurídica”, se evadiría enfrentar el punto clave. Este, me parece, es el siguiente: a menos que se cuente con algún elemento objetivo claro, que permita colegir que los magistrados han pronunciado sus fallos, “a sabiendas” de que violaban la Constitución, no hay caso. ¿Cuál pudiera ser ese elemento objetivo? Puede ser desde un soborno hasta una promesa de un nombramiento, desde una amenaza hasta el temor a una venganza, desde una conspiración hasta una asociación ilícita, todo ello basado en indicios materiales indubitables —grabaciones, comunicaciones, testimonios—. Pero en ausencia de algo así, nadie puede afirmar que “entró en la mente de los magistrados” y le consta que actuaron a sabiendas, dolosamente. Parece que hay algunos que afirman algo tan absurdo.