Me encontré en mi biblioteca una copia del libro The Reason of Rules: Constitutional Political Economy (La Razón de las Normas, Economía Política Constitucional), publicado en 1985, de Geoffrey Brennan y el premio Nobel (1986) James Buchanan. Una obra que no solo subraya la importancia de las reglas en la organización social, sino que también enfatiza cómo esas reglas pueden afectar el comportamiento y las decisiones de los individuos y las instituciones. Hoy, casi cuatro décadas después, su mensaje es especialmente pertinente en el actual panorama político guatemalteco, que enfrenta enormes desafíos debido a la polarización y los constantes conflictos constitucionales.

La polarización política tiene repercusiones que trascienden las diferencias ideológicas. En un plano más tangible, genera conflictos que afectan la estabilidad económica del país, disuadiendo a los inversores extranjeros y causando incertidumbre entre la población. Estos efectos secundarios de la división política crean un ciclo de desconfianza, donde cada acción se ve envuelta en sospecha y crítica.

Todo lo cual tiene costos palpables. Un estudio del BM encontró que los países con mayor conflictividad e ingobernabilidad tienen un índice de inversión extranjera directa (IED) 10% menor que los países con menor conflictividad e ingobernabilidad. La conflictividad y la ingobernabilidad erosionan la estabilidad económica, reducen la inversión extranjera, dificultan la toma de decisiones y minan la confianza ciudadana en sus instituciones. Esta confianza, esencial para cualquier democracia, requiere esfuerzos concertados para su restauración.

Como escribí recientemente, Guatemala se encuentra en una encrucijada político/jurídica. En el caso del Partido Semilla, el debido proceso debe prevalecer en todas las investigaciones penales, los individuos imputados deben enfrentar a la justicia y es importante que el partido coopere en la investigación, indiferente a que manifiesten que las acciones del MP son espurias.

Hay que tomar conciencia de que, de aquí a la toma de posesión del presidente electo en 2024, el tono y enfoque del líder cobran especial relevancia. Las recientes acusaciones del presidente electo, en las que califica las investigaciones como un “golpe de Estado”, solo agravan la ya tensa atmósfera política. Todo presidente electo debe adoptar un tono conciliador y de estadista. Es el momento perfecto para demostrar liderazgo y visión al promover la cooperación y transparencia en las investigaciones y centrarse en la búsqueda de puentes de diálogo con los diversos sectores que observan cada palabra que emite.

Por otro lado, la comunidad internacional —que para bien o para mal siempre han jugado un papel en la región—, debe actuar con prudencia. Las acciones externas deben considerar la autodeterminación del pueblo guatemalteco, evitando ser percibidas como injerencias. Siguiendo el pensamiento de Brennan y Buchanan, una nación florece cuando posee un marco de reglas claras y respetadas. Estas reglas deben ser el reflejo de una visión compartida de progreso y justicia, no meras narrativas insulsas. No obstante, más allá de la teoría y de las reglas, está la aplicación práctica en la sociedad, y aquí es donde Guatemala enfrenta una grave amenaza.

Un llamado a la violencia, ya sea directo o tácito, puede tener consecuencias catastróficas. No solo potencia la desestabilización política y social, sino que también puede conllevar una pérdida irreversible de vidas y propiedad, así como un daño duradero al tejido social del país. Las naciones que han caído en espirales de violencia saben demasiado bien el alto precio que se paga.

La mayoría de ciudadanos aspiran a que el diálogo sea la norma, las reglas un compromiso colectivo y los llamados a la violencia, un rechazo unánime de todos los sectores de la sociedad; reconociendo la fragilidad del orden y la facilidad con la que puede ser desestabilizado. ¿Callejón sin salida? Todo depende de cómo se muevan las piezas.