Después de la publicación de mi anterior columna que titulé: “La salud es un derecho, no una mercancía” recibí una gran cantidad de mensajes. Todos, sin excepción, respaldaban la imperiosa necesidad de regular el precio de las medicinas en Guatemala, que supera con creces lo que se paga por ellas en otros países de América Latina y del mundo.

Varios de estos mensajes hacían referencia a experiencias personales en la compra de medicinas. Una señora me contaba que le salía más barato viajar a México para comprar un medicamento para la diabetes, que adquirirlo en Guatemala. El precio que paga en nuestro país por una caja de la medicina que su esposo necesita, equivale a cuatro cajas en las farmacias mexicanas. Solo varía el empaque, me explicaba. Su mensaje terminaba con una reflexión: “Es cruel nuestra realidad para los que podemos viajar y comprar. ¿Qué sentirán los que no pueden?”.

Otra persona me relató el calvario que sufre cada mes para adquirir la medicina que debe tomar uno de sus hijos, quien sufre de convulsiones. Ha tenido que recurrir a préstamos, apoyos familiares y de amistades para cumplir con la dosis que debe administrarle, porque el medicamento es sumamente caro en Guatemala. En algunas ocasiones, me cuenta, un vecino que viaja a El Salvador por trabajo, le ha comprado tratamiento para tres meses por el mismo dinero que se gasta aquí en un solo mes. “Esa es nuestra tragedia”, dice en una parte de su correo.

Otra lectora, que se solidariza con el doctor Román Carlos por la demanda y el acoso que está sufriendo por parte de empresas farmacéuticas trasnacionales después de que en un artículo denunció la corrupción que hay detrás de la compra-venta de medicinas, hizo hincapié en que el problema no solamente está en el precio de los medicamentos, sino que es estructural.

Con absoluta razón se refiere a cómo no existe un sistema público de salud que brinde atención de calidad a todas las personas y cómo mantenerlo así beneficia a las farmacéuticas y a las compañías privadas de seguros que ganan millones con las pólizas. “Mientras más edad se tiene, más cara la prima y menor la cobertura. Y si usted llega a padecer de cáncer o de alguna enfermedad mental, allí acabó su cobertura, así haya tenido su seguro vigente por 40 o más años”, sostiene.

Y, efectivamente, es así. La salud dejó de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Este sistema de privilegios —al que muy pocos pueden acceder— considera a las personas consumidoras y no ciudadanas, porque lo que priva es la lógica del mercado, donde todo se compra y se vende, aunque de por medio esté la vida de la gente. “Enfermarse en Guatemala es un lujo que no todos podemos darnos”, me escribía otro lector.
Y si al lucro desmedido le agregamos la corrupción que priva en los procesos de compra y venta de medicamentos e insumos en las entidades públicas, incluido el pago de sobornos para garantizar los sobreprecios, pasamos al terreno de la economía criminal.

En ese ámbito, ya varios colegas han denunciado las fuertes presiones que se están dando para que se rompa el convenio que desde el 2016 tiene el IGSS con la Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), que ha permitido no solamente transparentar las adquisiciones de medicamentos, insumos y diálisis —garantizando la relación calidad/precio—, sino ha logrado un ahorro del 55.6% del presupuesto del Seguro Social para ampliar servicios y cobertura.

Presionan a la Contraloría y al futuro gobierno para volver al modelo mafioso de la cooptación-corrupción, ese que quedó evidenciado en el caso IGSS-Pisa. Sí, el mismo que se cobró la vida de decenas de pacientes renales y demostró que la corrupción también mata.