Pluma invitada
La salud en Guatemala… ¿fantasía o realidad?
La salud pública o la brindada por el IGSS “tienen” que ser de excelente calidad, y no son caridades.
En Guatemala, los derechos humanos y la Carta Magna, en sus artículos 1, 2, 3, 93, 94, 95, 96, 100 y otros, proveen fundamento legal que obliga al Estado a brindar salud de calidad, pero en nuestro país a cada instante enferman o hasta llegan a morir niños, jóvenes y adultos por falta de atención en salud de buena calidad, y por vivir en el quinto país de América con una alta percepción de corrupción (IPC 2023). Lo triste de todo es que, al parecer, estas personas no importan, convirtiéndose únicamente en estadísticas de un sistema de salud ineficiente o, a mi parecer, de “pacotilla”.
El acceso a la salud en Guatemala “no debería” ser un lujo al que muy pocos puedan acceder.
El acceso a la salud en Guatemala “no debería” ser un lujo al que muy pocos puedan acceder. El IGSS debería funcionar como clínicas u hospitales de “atención privada”, ya que el trabajador afiliado al IGSS paga obligatoriamente 4.83% de su salario por un “seguro social” y su patrono paga el 10.67%; por tanto, es como pagar cualquier cuota de seguro en lo privado. Y, por ende, debería recibir la misma atención y beneficios que con una aseguradora privada.
Entonces, en general, ¿por qué el IGSS funciona como si fueran hospitales de beneficencia de hace muchas décadas (se quedó congelado en el tiempo)? ¿Por qué al afiliado de consulta externa “no” le permiten ingresar con algún familiar para acompañarlo? ¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué al afiliado, cuando se le brinda atención médica, a nadie le importa su estado anímico? ¿Por qué la mayoría del personal del IGSS cuando finalmente atiende al afiliado parece que le hacen un favor con esa atención? ¿Acaso no les están pagando un salario por su trabajo? ¿Esto no es corrupción, acaso?
Ahora bien, en el IGSS, como en cualquier parte, hay trabajadores muy buenos y otros a los que únicamente les importa el salario, sin hacer nada. A menudo tratan mal al afiliado y no le brindan asistencia.
Los hospitales del IGSS en ocasiones más bien parecen cárceles en donde la familia únicamente tiene contacto con su ser querido a la hora de la visita, pero cuando solicita información no dejan ingresar y nadie sabe nada y mucho menos vía telefónica. ¿Esto no es corrupción administrativa? Y, por favor, no vayan a decir que esto de no dejar ingresar acompañantes es debido a “bioseguridad”, ya que desde antes del aparecimiento del covid-19 (año 2020) ya estaban instituidos y no dejaban entrar a nadie.
Cuando tienes una emergencia son colas para poder ingresar, y al paciente nadie lo auxilia; entonces, en dónde está la atención “inmediata” que dice el expediente 1795-2019 (fecha de sentencia 27/01/2020) de la Corte de Constitucionalidad. Y ¿por qué si alguien pone quejas en “transparencia” nadie hace nada, y el afiliado o su familia nunca tienen la razón? ¿Esto no es mala administración?
La salud pública o la brindada por el IGSS “tienen” que ser de excelente calidad, y no son caridades, pero debido a esa enraizada corrupción, que no solo se refiere a agenciarse fondos del erario ilícitamente. La corrupción en el sistema de salud va más allá de eso. En cuanto a la pública, es pagada con los impuestos y es obligación del Estado y de sus gobernantes hacer que se cumpla y, en el caso del IGSS, este, al parecer, olvidó por qué y para qué de su existencia, y por qué de su fundación. Dicha atención debe brindarla como si fuera hospital privado; si no, para qué se paga este seguro.
Finalmente, noticias de corrupción en hospitales públicos, y en la práctica médica privada, médicos son implicados en lo penal: por remover un riñón sano innecesariamente. ¡Es surrealista este país!
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