El 2 de septiembre, el doctor Gert Rosenthal, académico y diplomático guatemalteco de trayectoria intachable, escribió una columna de opinión en el diario elPeriódico que tituló El lujo de enfermarse en Guatemala. En el texto relata cómo estando en Francia tuvo necesidad de comprar algunos medicamentos. Para su sorpresa, el precio de las medicinas que adquirió en París era tres veces menor al costo que tienen en Guatemala. Uno de los medicamentos, indicó, no solamente costaba la tercera parte, sino que traía el doble de cápsulas. Misma medicina, misma casa farmacéutica, distinto precio.

En la parte final de su escrito, Rosenthal afirma: “Efectivamente, pareciera que la situación de los fármacos importados en Guatemala refleja el mundo al revés. En países donde el poder adquisitivo promedio de la población es bajo y su acceso a servicios de salud pública suele ser difícil y de mala calidad, se paga el triple para los mismos medicamentos de lo que se cobra en un país como Francia, donde el poder adquisitivo promedio es incomparablemente superior al de Guatemala y el acceso a servicios de salud pública es de una calidad sobresaliente. Yo me pregunto, ¿por qué no se pueden ofrecer estos medicamentos en Guatemala a más o menos los mismos precios que se cotizan en Europa? Sin duda, la explicación radica en que el lucro adquiere prioridad sobre la salud de la población, y la industria farmacéutica en nuestro país, al parecer, no se rige por mayores regulaciones. ¡Es triste constatarlo!”.

Como respuesta a la pregunta de Gert Rosentahl, el médico guatemalteco Román Carlos Bregni, prestigioso patólogo de una enorme sensibilidad social, escribió, dos días después, la explicación en otra columna publicada en el mismo medio.

Sabiendo que enfrentaba con esta denuncia pública a uno de los grupos económicamente más poderosos a nivel mundial, el de las empresas farmacéuticas transnacionales, el doctor Román Carlos señaló con meridiana claridad que: “El precio de los medicamentos en Guatemala es, con certeza, el más alto de América Latina y probablemente del mundo; esto irónicamente, en un país con la mayor tasa de desnutrición crónica del continente, incluso por arriba de países como Haití (…) Esto tiene una sola respuesta: corrupción. Los millones de dólares pagados en comisiones a funcionarios corruptos en el sistema de salud pública, y en entidades como el IGSS e incluso financiamiento para otras actividades que entregan estas empresas no son gratis, su precio lo paga el enfermo”.

Además expuso cómo las prácticas que se dan en Guatemala —las farmacéuticas organizan congresos, cenas, almuerzos de lujo y actividades “científicas” a las que asisten médicos y odontólogos— se consideran en otros países antiéticas, suponen multas millonarias para las empresas e incluso la cancelación de la licencia de práctica profesional para los participantes.

Pero como siempre pasa en nuestro país, en lugar de que se generara una ola de indignación que obligue a revisar las prácticas corruptas que hay detrás del precio de los medicamentos que suponen una violación al derecho de la salud de toda la población —en especial la de los sectores más vulnerados—, la valiente denuncia del doctor Román Carlos Bregini le acarreó ataques e intimidaciones y también una demanda legal de las farmacéuticas a las que señaló en su escrito.

Bien haría el Colegio de Médicos y Cirujanos en alzar la voz en defensa de uno de sus más honorables agremiados y exigir al Gobierno y al Ministerio de Salud Pública garantizar el derecho a la salud de la población, empezando por eliminar las prácticas corruptas en los procesos de compra y venta de medicamentos. Termino como inicié: la salud es un derecho, no una mercancía.