Guatemala es una locura. Corrupción, estrés. Impunidad, estrés. Violencia política, estrés. Falta de trabajo, estrés. Falta de hospitales y medicinas, estrés. Sube la canasta básica, estrés. Se cierran las escuelas y colegios, estrés. Se incrementa la violencia sexual, estrés. Guardar silencio, estrés. Aguantar los gritos y los golpes, estrés. Ir a prisión por alzar la voz o resistirse a la corrupción, estrés. Y a todo lo anterior sumemos una pandemia que vino a acelerar procesos de deterioro en la salud mental de muchas personas que ya daban signos de condiciones preexistentes.

Vivir aquí con plena conciencia implica tener una piel de paquidermo, una salud mental a prueba de balas y bolas, unas jugosas cuentas bancarias en paraísos fiscales, o unas orejeras del tamaño de nuestra indiferencia. O todas juntas. Nos urge un Sistema Nacional de Salud Mental a partir de una construcción participativa multidisciplinaria. Y no hablo únicamente de tener buenos hospitales de salud mental para personas adultas o para niñez y adolescencia, hablo de algo más orgánico a nivel nacional.

Cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado de Guatemala por las pésimas condiciones en que se encontraba el Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora (2012), decretó medidas cautelares a favor de los pacientes de dicho hospital. Luego, un reportaje de la BBC lo presentó como uno de los peores hospitales de salud mental del mundo (2014). Después de aquello y en respuesta a la demanda de la CIDH, se tomaron varias medidas: se hicieron algunas mejoras en el hospital; se implementó una mesa técnica integrada por la institucionalidad estatal encargada de la salud mental, así como por la OMS, la OPS y la Usac; se incrementó el presupuesto asignado, y se hicieron algunos esfuerzos que terminaron siendo insuficientes para garantizar los derechos humanos de los pacientes.

Hoy, ese hospital sigue siendo insuficiente y no tenemos un sistema de salud mental que funcione. Allí está la gente que no puede pagar un hospital psiquiátrico privado o un psiquiatra privado. Allí han permanecido algunos por años, sin que sus casos sean revisados o resueltos y, como ya escribiera alguna vez, hay personas que estuvieron amarradas cuando fueron pequeñas hasta convertirse en seres antisociales, otras que se hicieron viejas allí solo por haber tenido algún acto de rebeldía en su comunidad alguna vez, y algunas más con una muy leve discapacidad pero con tantas historias de violencia sexual en el hospital, que han llegado a ser consideradas solo material desechable u objeto de abuso.

Tenemos que salir de un siglo XIX en el que se institucionalizaba a toda aquella persona considerada molesta para la sociedad, por la razón que fuera. Lo peligroso está hoy, sin duda, más afuera que adentro y el concepto de “peligrosidad” es más debatible y lombrosiano que nunca. Incluso, como dice la Medida Cautelar MC-370-12, una persona en esas circunstancias debe ser atendida en crisis y por estadías cortas.

Después de una guerra, de tanto abuso contra la dignidad humana en sucesivos gobiernos, después de tanto ultraje, de tanta injusticia y de una pandemia, Guatemala se merece un Sistema Nacional de Salud Mental. Descentralizar la atención en salud mental y ampliar el concepto de salud mental comunitaria, promoviendo procesos de organización y autogestión en las comunidades, es lo que toca, así como generar las condiciones de una vida digna para todos y todas. Atender en salud mental con pertinencia cultural y lingüística, con enfoque de género, niñez, adolescencia y población LGBTIQTT+ también toca. Tenemos pendiente construir un sistema con enfoque de derechos, que especifique mejor el rol de la promoción y la prevención de la salud mental, mientras pone énfasis en la inclusión de la salud mental en la atención primaria en salud de todo el país, entre mucho más.