Quizás estemos al principio de una larga pandemia o quizás estemos al principio del fin de una corta pandemia. Nadie puede, creo yo, asegurar una u otra cosa. Tenemos mucha más certeza y claridad sobre el hecho de que, como algunos suelen decir: “el covid-19 ha venido para quedarse” y, además, sobre el hecho de que los seres humanos han requerido antes de esta calamidad, requieren mientras dura y requerirán en el futuro de sustento para su salud, para su bienestar y para sus vidas. Ese sustento proviene de lo que cada persona, coordinándose voluntariamente con otras, logra producir e intercambiar.

Estoy convencido de que el presidente Giammattei y su equipo, al igual que los dirigentes de los partidos que aprobaron los préstamos, los bonos colocados contra una emisión de dinero sin respaldo y los programas de ayuda para los más vulnerables, con expectativas muy diferentes sobre cómo y cuándo los fondos provenientes de esos casi veinte millardos de quetzales de deuda nueva iban a llegar a sus beneficiarios, sabían que no sería fácil implementar todos esos programas, casi todos habían tenido la experiencia, directa o indirectamente, de la ineficiencia de las administraciones públicas –aquí y en cualquier parte del mundo— ,pero no imaginaron que, en cierto modo, su principal enemigo –figuradamente hablando— sería ese conjunto de formalidades, de trámites, de procedimientos que tienen que seguirse para toda y cualquier cosa en el ámbito de la administración pública.

Sólo así se explica que el Gobierno haya decidido detener alrededor de un 60% de la actividad productiva del país sin antes disponer de los fondos para que los más vulnerables —financieramente hablando— enfrentaran “el cierre de la economía”. En realidad, según sondeos publicados en este diario, se estima que ha sido más cerca del 40% de la economía la que ha quedado en suspenso y que esto conllevará que más de 300 mil habitantes que tenían ingresos por encima de la línea de la pobreza pasen a vivir en ella. Se calcula, además, que alrededor de 500 mil van a pasar a la informalidad económica.

Como muchos observan con frecuencia –y con razón—, la pobreza significa, entre otras cosas, enfermedades, algunas mortales. Sin unos ingresos estables, por encima de la línea de la pobreza, es imposible cuidar de la salud en este país, ya que los servicios públicos del ramo carecen de la organización y los medios para constituirse en una alternativa y el sistema de seguridad social apenas cubre al 17% de la PEA.

Cuando se habla de economía, no se habla de una finalidad en sí misma. Se habla de un fenómeno de coordinación policéntrica en el que millones de personas producen e intercambian para lograr objetivos que cada una de ellas valora y le interesa. Entre los más importantes o, por lo menos, más generalizados, está el de una buena salud. Una economía robusta, esto es unos mercados en los que la inmensa mayoría pueda ofrecer sus talentos y competencias para obtener lo que valora en su vida, es un instrumento social para la satisfacción de un sinfín de necesidades. Entre ellas, notablemente, la salud.

Es una verdad de Perogrullo que en aquellos países con una economía más desarrollada sus habitantes gozan, también, de mejor salud y de mejores cuidados para cuando falte la salud. No es posible ignorar los riesgos que plantea el nuevo coronavirus, y los órganos del Estado están obligados a tomar medidas para enfrentarlo, pero no “cueste lo que cueste”. Siempre, hasta en una situación de pandemia, se impone esa máxima económica tan llena de sentido común: “que no vaya a salir peor el remedio que la enfermedad”.