En Guatemala estamos frente a una escalada de arbitrariedad y manipulación burda de la justicia. Conforme avanza el proceso de elección de la persona que ocupará el cargo de fiscal general, la actual jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, quiere dejar claro que con su reelección seguiría garantizando el entierro de la lucha contra la impunidad y la vendetta en contra de quienes en ella participaron.

Es evidente que Porras Argueta no está sola en esta cruzada. La acompaña como fiel escudero Rafael Curruchiche —quien se está encargando de desbaratar al equipo y el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci)— y las y los funcionarios del Despacho Superior que dirigen la estrategia de venganza utilizando el Derecho Penal como arma de persecución y escarmiento.

Pero doña Consuelo es solo un alfil en este tablero. Una pieza prescindible que se puede desechar si la presión para que no sea reelecta sube de tono. Total, quienes son los dueños del juego tienen suficientes reemplazos, abogados y abogadas que estarían dispuestos a seguir consolidando la dictadura de la impunidad. No cabe duda de que ese será el “requisito” principal para formar parte del listado final de candidatos a fiscal general, porque no van a arriesgarse a que se cuele alguien independiente.

Está claro que lo que empezó en 2017 como un proceso de regresión autoritaria —y que ahora está derivando en persecución política selectiva— tiene en los poderes fácticos del país a sus creadores. Con tal de deshacerse de la Cicig y recuperar el control del MP para frenar las investigaciones y procesos judiciales en los que están implicados, no tuvieron empacho en sumar como socios a estructuras del crimen organizado con las que hoy comparten el aniquilamiento de nuestra débil democracia.

La confluencia de intereses sigue vigente. Teniendo a las altas cortes bajo su dominio y a la Fiscalía General a su servicio, llevan a todo vapor la purga contra jueces, juezas y fiscales anticorrupción que también alcanza a exfuncionarios de la extinta Cicig. La captura ilegal de la abogada Leily Santizo es el golpe más reciente de la dupla Porras-Curruchiche, que viene a sumarse a la detención arbitraria de Aníbal Argüello y a la denuncia espuria contra David Gaitán, que lo dejó fuera de la comisión de postulación para elegir fiscal general.

Santizo, Argüello y Gaitán son tres abogados guatemaltecos —dignos y honorables— que prestaron sus servicios en la Cicig e investigaron estructuras de corrupción empresarial y política, clanes familiares vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, y redes de manipulación y tráfico de influencias en el sistema de justicia y en el gremio de abogados, entre otros casos de alto impacto.

La persecución alcanza también a juezas y jueces independientes que han dictado sentencias en casos emblemáticos por delitos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos como Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Carlos Ruano o Pablo Xitumul, a quien le fue retirada la inmunidad en un proceso lleno de inconsistencias.

Estamos frente a la maquinaria de desmantelamiento de la estructura institucional de lucha contra la corrupción y la impunidad que inició Jimmy Morales y consolidó Alejandro Giammattei, con la complicidad de la mayoría de magistrados de la CSJ y de un bloque mayoritario de diputados y diputadas aliados del oficialismo.

Se trata de la contraofensiva del poder y de la connivencia criminal de los actores corruptos que no están dispuestos a volver a correr el riesgo de ser investigados, denunciados y procesados. De aquellos que se llenan la boca vociferando en defensa de la soberanía cuando lo que en verdad defienden es su sempiterna impunidad.