El 9 de febrero del 2020 marcó el inicio de la aventura autoritaria de Nayib Bukele, en El Salvador. Ese día, el gobernante ingresó a la Asamblea Legislativa con un grupo de militares fuertemente armados y se sentó en la silla del presidente de ese organismo. Fue un acto simbólico que mostraba su desprecio por la institucionalidad y la separación de poderes. En realidad, fue un ensayo golpista de lo que ocurrió este 1 de mayo, cuando tomó el control del Congreso por intermedio de 64 diputados oficialistas, quienes a su vez destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. De un plumazo, el autócrata borró la independencia de poderes. En su lugar impuso a magistrados y un fiscal, serviles, con lo que violó la independencia judicial y eliminó los contrapesos constitucionales. Ese golpe de Estado deja al presidente con un control absoluto del Estado, que lo puede llevar a impulsar reformas constitucionales para perpetuarse en el poder.

Bukele da sus zarpazos porque se siente respaldado por su alto nivel de popularidad. Ese hecho tiene su razón de ser en el hartazgo de los salvadoreños hacia el bipartidismo corrupto derecha-izquierda. La Alianza Republicana Nacionalista (Arena) gobernó 20 años, mientras que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) otros 10 años, sin que ambos eliminaran las causas que originaron la pobreza, uno de los factores que generaron el conflicto armado. La antigua guerrilla llegó al extremo de desdecir sus postulados revolucionarios para promover políticas neoliberales. El primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, condenado por corrupción, está ahora protegido por sus secuaces Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua. Tras las elecciones legislativas de febrero último, esos partidos se convirtieron en sombras del pasado. Esas agrupaciones son responsables de que el pragmatismo de Bukele no solo haya arrasado con ellos, sino que en ese vendaval se lleve la precaria institucionalidad del país.

Pero no solo se trata del carisma de Bukele. No, el joven presidente aprendió las malas artes de los partidos que ha dejado atrás. Así, ha desarrollado una amplia campaña de clientelismo, muy al estilo de Sandra Torres. Bukele ha sabido sacar ventaja del coronavirus al distribuir un bono de 300 dólares a personas afectadas por la pandemia. Esa asistencia económica le ha deparado una fuerte fidelidad electoral, principalmente de los sectores empobrecidos del país y que se materializó en las votaciones legislativas de hace dos meses. A ello se agrega, y hay que reconocerlo, Bukele ha tenido éxito en el manejo de la pandemia, con la construcción de áreas sanitarias y la administración de vacunas. También impulsa una comunicación estratégica bien estructurada que vendría de su experiencia como publicista.

Bukele no solo ha arremetido contra los órganos de contrapeso constitucional. También ataca a la prensa independiente porque rechaza toda forma de crítica. El presidente mismo ha difamado a El Faro y Factum, dos medios digitales alternativos que desarrollan periodismo de investigación. En ese ambiente hostil generado desde el Gobierno se han conocido amenazas de muerte contra reporteros de esos dos periódicos, al grado de que congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos, le han hecho saber al mandatario salvadoreño su preocupación por el mal momento que pasa la prensa en el país. De esa manera, Bukele se ha convertido en otro problema en una región centroamericana ya poblada por déspotas, mafias y corruptos. Desde el narcoestado de Honduras, la tiranía de Ortega-Murillo en Nicaragua, hasta la cleptodictadura que ha cooptado el Estado en Guatemala, el presidente salvadoreño es ahora otro nefasto ejemplo de autoritarismo.