En julio del 2015, la Cicig presentó su informe Financiamiento de la política en Guatemala, en el que se hacía esta pregunta: ¿De dónde se obtienen los recursos para financiar las campañas electorales? y se respondía que la mayor parte de ese dinero es ilícito, los partidos violan las normas que los obligan a registrar sus ingresos, presentan datos incompletos o los falsean porque esos fondos proceden de fuentes oscuras. Desde la década de 1980 se modificó la forma de hacer política, puesto que los dirigentes cambiaron la labor de convencer al electorado con propuestas y argumentos. Los partidos vaciaron de contenido su discurso porque ante sus financistas no necesitan ideología, sino ofrecimientos de obras para que les den dinero o crean mecanismos oscuros para captarlos. Su objetivo viró hacia la acumulación de recursos económicos dirigidos a centrar su campaña en los medios de comunicación y el intercambio de bienes materiales, como regalar gorras, láminas hasta motocicletas. Eso encareció las campañas por el despliegue del mercadeo de la mano de consultores que repiten sus desgastadas fórmulas de país en país, cobrando honorarios a precio de oro.

Tal fenómeno se ha repetido una y otra vez. El año pasado vimos cómo grandes empresarios caían de su pedestal para ser vistos como financistas a través de procedimientos ilícitos. Nombres como Felipe Bosch, Guillermo Castillo, José Miguel Torrebiarte, Fraterno Vila y Salvador Paiz fueron quienes entregaron dinero al ahora presidente Jimmy Morales, sin que esos fondos fueran reportados al Tribunal Supremo Electoral. ¿Eso es nuevo? No, siempre había sido así, la diferencia es que la Cicig lo destapó. El caso más reciente ocurrió con las denuncias contra la UNE y la petición de antejuicio contra su candidata, Sandra Torres, quien, en lugar de aclarar el origen de 19.5 millones de quetzales que utilizó para su campaña proselitista de hace cuatro años, lanzó sapos y culebras contra la ex fiscal general Thelma Aldana.

La Cicig informó que cuando investigaba el caso Traficantes de influencias detectó movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Maariv, S.A., que eran utilizadas por Mario Leal, vicepresidenciable de la UNE en la campaña del 2015, para financiar en forma ilícita a ese partido. Esa agrupación utilizó otras dos empresas para tener una administración de fondos paralela a las finanzas oficiales del partido, con lo que eludió el control sobre el dinero que utilizaba. A través de esas empresas se hacían llegar recursos procedentes del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT. O sea, no estamos hablando solo de financiamiento electoral ilícito, sino también de tráfico de influencias. Si Sandra Torres no estuviera involucrada en estos hechos, ¿por qué hasta ahora no ha aclarado esta situación y, al contrario, se hace pasar como víctima de una inexistente trama política?

La propia Sandra Torres no negó el año pasado que la UNE recibiera aportes millonarios de la organización narcotraficante los Zetas para las elecciones del 2007, que ganó Álvaro Colom, y matizó que ahora son otros los dirigentes de ese partido. Estos señalamientos nos recuerdan que la UNE pertenece a ese sistema político corrupto que se niega a morir. Es un sistema que por todos lados hace agua, pero cuyos principales exponentes tratan de mantenerlo a flote. Por algo ahora se sabe, por boca del diputado Fernando Linares, que entre los objetivos de las reuniones que han tenido los presidentes de los organismos Ejecutivo, Jimmy Morales; Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, y Judicial, Néstor Vásquez, está derogar el decreto que dio vida a la Cicig. Todos ellos forman parte de ese sistema acostumbrado a vivir en la impunidad y no quieren que nadie perturbe sus negocios.