El viernes 30 de octubre, en la explanada del campus central —Plaza de los Mártires— de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el rector, ingeniero Murphy Paiz, develará el monumento a los universitarios asesinados y/o desaparecidos durante el conflicto armado interno. Son cientos los docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores y autoridades universitarias que fueron asesinados y/o desaparecidos durante uno de los períodos más oscuros y violentos de la historia nacional, producto de la política contrainsurgente de Estado aplicada contra la propia población guatemalteca durante los 36 años que duró el conflicto armado interno. A ellos se suman muchos más, forzados al exilio; miles de familias destrozadas y una sociedad que aún, hoy en día, sigue viviendo las consecuencias de una guerra que comenzó por razones muy similares a las que vemos ahora: la profundización de la injusticia social, que afecta a millones de guatemaltecos, que contrasta con la férrea defensa de sus privilegios que hace una minoría que ha preferido transar, convivir y compartir con el crimen organizado y el narcotráfico antes que construir una sociedad más equitativa, incluyente y más democrática.

Este acto de reivindicación y conmemoración de los hechos que desangraron a la Usac forma parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala (caso 9,326). Es una forma de reconocimiento de los hechos y actos incurridos durante la guerra, que violentaron los derechos humanos y que se han dado a cuentagotas desde la firma de los acuerdos de paz. Nos permite construir una pieza más de esa historia que nos marca y debería ser un recordatorio de la senda por la cual nunca más deberíamos volver a caminar, aunque tristemente hay que reconocer que no ha sido del todo así: cada vez que se da el asesinato de campesinos, de líderes comunitarios, el encarcelamiento de defensores de la tierra y de los recursos naturales, por defender su derecho a la vida; cuando salen miles de migrantes expulsados por una economía rapaz y concentradora de la riqueza; cuando la justicia es pronta con los descalzos pero complaciente con quienes se roban el país desde sus esferas de poder e influencia, se nos recuerda cómo no hemos superado las condiciones que en su momento llevaron a que se desatara esa infame guerra. Nos recuerda que persisten las condiciones que mantienen en el hambre y la pobreza a millones de familias en un país que podría ser el granero de toda Centroamérica.

Gracias a la perseverancia de Elizabeth Florián y Jorge Arriaga, ha llegado finalmente este día. Gracias porque lideraron por años las gestiones ante el Consejo Superior Universitario para que se diera cumplimiento a este mínimo acto de reconocimiento, y porque alentaron a las familias a no perder la fe en que este momento llegaría. A partir del 30 de octubre de 2020 tendremos este espacio para conmemorar y construir en las nuevas generaciones esta parte de nuestra memoria histórica. Posiblemente faltan muchos nombres en los registros inscritos en el monumento. No desfallezcamos. Aún queda pendiente recuperar el Informe Universitario de la Verdad, instrumento que convenientemente “desapareció” durante el rectorado de Jafeth Cabrera (ahora ya sabemos por qué), posponiendo hasta el 2047 la posibilidad de conocer más a fondo todos los horrores de lo sucedido en y a la Usac, y echando sobre muchos un grueso manto de impunidad.
Por lo que ya nos pasó, deberíamos estar más conscientes de que ahora caminamos en espiral de nuevo, directo hacia un abismo similar.