El presidente Jimmy Morales se ha caracterizado por pasar sobre la institucionalidad del país, sin importar las consecuencias que ello implique. La más reciente de sus “hazañas” es tratar de asfixiar económicamente a la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), por el simple hecho de que su titular, Jordán Rodas Andrade, no se ha prestado a sus juegos a favor de la corrupción y se ha convertido en la única institución que no ha logrado someter a sus intereses mezquinos. El mandatario y sus aliados del Congreso han tratado de destituir al magistrado de conciencia, y como no lo lograron, su propósito ahora es torpedear la transferencia de Q30 millones que le corresponden. Esta es una acción criminal, porque ya no es un ataque solo contra el procurador, sino que se ensaña contra los cientos de empleados de esa institución, que no han recibido sus salarios, y por lo mismo es un ataque contra sus familias.

El 23 de diciembre se difundió un video en el que Jimmy Morales envió “un mensaje navideño de afecto y esperanza” a los guatemaltecos, entre quienes mencionó a los que afrontan algún problema económico o personal. Pero mientras trataba de dar una imagen bonachona, por atrás asumía una actitud hostil contra las familias de los empleados del PDH. Es la ruindad del gobernante la que está detrás de la decisión del ministro de Finanzas Públicas, Víctor Manuel Martínez Ruiz, de negar la entrega de los fondos que podrían aliviar la crisis económica que afronta el PDH. Esa no es una actitud cristiana, es una forma sórdida de utilizar los recursos que provienen de nuestros impuestos como un arma para atacar a los empleados del PDH porque esta institución no se ha puesto de alfombra. Esa es una actitud propia de un fariseo que, según el Diccionario de la Real Academia, es un hombre injusto, cruel e inhumano, o sea todo lo contrario a la careta cristiana que ha tratado de aparentar.

Rodas Andrade se ha caracterizado por ser un procurador que ha apoyado la lucha contra la corrupción y por ello intercedió a favor de Iván Velásquez, comisionado de la Cicig; del embajador de Suecia, Anders Kompass, así como en otra serie de acciones que han detenido la mano del pacto de corruptos. Por ello, el presidente lo ha atacado verbalmente y le ha puesto apodos, mientras la banda de diputados proimpunidad ha tratado de destituirlo con argumentos falaces y no lo ha conseguido. El último recurso ha sido ahogar económicamente al PDH. En el 2018, el Legislativo aprobó el presupuesto de este año, en el que la Procuraduría tenía asignados Q130 millones. Posteriormente ese organismo emitió un acuerdo para recortarle Q30 millones que le servirían para cubrir gastos de funcionamiento y salarios en los últimos tres meses del año. Rodas Andrade ha acudido a la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para lograr el traslado de los fondos.

Tanto la CC como la CSJ han resuelto que el Ministerio de Finanzas debe desembolsar de inmediato los Q30 millones que legalmente le corresponden al PDH. Sin embargo, el ministro de Finanzas se ha pasado por el arco del triunfo los fallos de esos altos organismos, los cuales son de cumplimiento obligatorio para cualquier funcionario público. Ahora ya no se trata solo de un ataque directo contra el procurador, sino que es un ataque contra la institucionalidad que representan las altas cortes. El presidente Jimmy Morales ha llegado muy lejos en su afán de venganza contra Rodas Andrade porque desafía el andamiaje de legalidad de Guatemala que ningún otro gobernante se ha atrevido a hacer. Ya no es solo un berrinche del ministro de Finanzas y del presidente Morales, sino que se ha convertido en una actitud delincuencial que atenta contra el andamiaje constitucional del país.