Si la violencia se terminara con la aplicación de políticas de mano dura, Guatemala, El Salvador y Honduras serían los países más seguros de la región. Pero ese empecinamiento de negar que la inseguridad es un problema social y que enfrentarla exclusivamente desde la represión es parte del problema, nos mantendrá en una espiral imposible de detener.

Y con esto no estoy diciendo que no se persiga ni se juzgue a quienes cometen delitos, estoy afirmando que para reducir la violencia se requiere de una estrategia y un abordaje integral y no del recurrente y fallido modelo del populismo penal que, junto con la mano dura, constituyen la hoja de ruta que se ha venido ensayado —una y otra vez— con los mismos resultados.

Ahí está nuestro vecino El Salvador que pasó de aprobar el plan de “mano dura” al de “súper mano dura” y no solo no logró revertir el problema sino que lo agudizó. Porque finalmente, las maras son parte del fracaso social que terminó por convertirlas en una amenaza criminal y eso no va a cambiar con la aprobación de una ley para declarar a los “mareros” terroristas, ni con una modificación para eliminar la persecución penal contra agentes de seguridad o miembros de los comités de vigilancia vecinales que les enfrenten y ejecuten.

Estas estrategias fallidas han demostrado que son populares en un primer momento, porque la gente está esperanzada en que le garanticen un poco de seguridad, pero luego traen efectos devastadores porque, como los búmeran al revirar, nos devuelven multiplicada la violencia.

Y no es que los gobernantes y sus flamantes consejeros en seguridad no lo sepan, el fracaso de estas políticas en países vecinos ha sido evidente. Declarar la guerra a las maras como “la gran estrategia en seguridad” es tomar el atajo corto que, indefectiblemente, nos mantendrá en el abismo.

Por supuesto que en política no hay casualidades y no podemos obviar que en esto de la mano dura también hay “grandes ganadores”. Los que venden las armas, las cámaras y los uniformes, quienes proporcionan los servicios de seguridad privada —desde guardias hasta planes estratégicos— son los grandes beneficiarios de este negocio en el que se ha convertido la seguridad ciudadana que, como pasa con la salud, dejó de ser un derecho para transformarse en una mercancía.

Insisto. Si la represión sigue siendo la respuesta recurrente a un problema de violencia estructural y si este país continúa consolidado bolsones de pobreza sobre la base de años de olvido social y abandono del Estado, por cada cien muchachos que se encarcelen habrá 200 que tomen su lugar.

Y nadie está diciendo que no se persiga el delito y tampoco que las cárceles sean hoteles cinco estrellas —como se ha querido caricaturizar—, pero estas no pueden ser lugares donde lo que prive sea el hacinamiento, la violencia sexual y física, el martirio como método de castigo y la falta de criterio para la ubicación de las personas privadas de libertad. Así, no hay resocialización ni reeducación posible.

Ni bajar la edad de inimputabilidad ni refundir a la gente en cárceles que no cumplen con su objetivo primordial de reinserción ni catalogar a los mareros como terroristas, ni sacarnos la rabia en las redes sociales sugiriendo acabar la violencia con más violencia nos dará resultados distintos.

Las políticas integrales para combatir la inseguridad ya fueron inventadas y probadas. La profesionalización y dignificación de la PNC y la guardia penitenciaria; el combate frontal a la delincuencia sin que el Estado se convierta en criminal; la investigación y persecución penal estratégica y la mano dura contra las causas que originan el problema de la violencia son una ruta eficaz que ha dado resultados concretos y sostenibles en otros países de la región.