Los grandes países de la macrorregión han hecho ajustes en sus instituciones de defensa. El 20 de los corrientes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló el mal manejo de administración de puertos, la corrupción, el contrabando y el trasiego de droga; en consecuencia, ordenó a las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), y la de Marina (Semar), hacerse cargo de aduanas y puertos. Los mexicanos exploran proveedores para incrementar en 24 aviones sus actuales interceptores. Durante el gobierno de AMLO se han construido ocho patrullas costeras, dos navíos de investigación oceanográfica, dos patrullas interceptoras y dos buques de apoyo logístico. El gobierno mexicano confía en la combinación: buque, avión y helicóptero para defender su territorio. En ese sentido, ha celebrado contratos con Russian Helicopters para instalar una compañía, Craft Avia Center, de ensamble.

Mientras tanto, el pasado 9 de julio, la armada colombiana anunció a las de Alemania, Australia, Reino Unido y España su interés en adquirir dos fragatas. Además, los astilleros de la compañía Cotemar laboran de manera ininterrumpida construyendo naves de abastecimiento, patrulleras e interceptores. Su ritmo de construcción llevó a la Ghenova Ingeniería S. L. U. de España a situar una oficina de diseño y partes. Por aparte, Colombia también reemplazará sus aviones Kfir por Gripen NG. Para asegurar su entorno territorial, los militares colombianos han fomentado industrias de fabricación de drones. El primer proyecto en operación, ART Quimbaya, costó US$5 millones para vigilancia de instalaciones petrolíferas. De esa cuenta su modelo será: buque, avión y dron, para la interdicción de las áreas de interés marítimo.

Guatemala, Honduras y Belice debieran coordinar sus esfuerzos para controlar la zona de influencia en el Mar Caribe. Para el océano Pacífico debería hacerse lo mismo con El Salvador. Tal esperanza es pedir peras al olmo. Aunque hubo una reorganización reciente en la estructura del Ministerio de la Defensa, todavía es insuficiente, falta una dirección general de desarrollo científico, tecnológico e industrial militar.

Aparte la necesidad de actualizar la ley constitutiva del Ejército; al fijarse en la defensa territorial del país, el modelo: radar, helicóptero y captura si aterriza, es realmente modesto. No se controla al mar territorial y patrimonial, pues no existe vigilancia de navegación ni patrullaje marítimo activo. Se depende de las alertas obtenidas por vigilancia remota, satélites, comunicadas por otros países. Si se produce, la intercepción marina puede efectuarse a duras penas.

En el espacio aéreo no hay capacidad de intercepción, ni existe regulación legal. No obstante, el presupuesto 2020 para la defensa apenas aspira a dotarse de aviones de entrenamiento que pueden armarse para la interdicción. Pero seguramente no podrán adquirirse por la inquina impulsada por el narconegocio. Lo demás consiste en mantenimiento, como pintura de las aeronaves y hangares, actualización electrónica de los aparatos y repotenciación de los helicópteros y aviones antiguos. El gasto en equipo de cómputo de la Fuerza Aérea se concentra en 14 computadoras, menos de las que un colegio privado consume cuando renueva su equipo.

Mientras no se reorganice el Ejército por la interferencia en sus funciones esenciales de la llamada misión tres, apoyo institucional en el ámbito de la seguridad interior, se degradará la institucionalidad. Aparte acarrean un cacareo suficientemente expensado por fuerzas negras en contra de la institución armada.