No es lo mismo incrementar el presupuesto a incrementar los gastos de funcionamiento. El recorte institucional planteado en Argentina por el presidente electo, Javier Milei, ha puesto en agenda, repensar la organización estatal. La justificación de funciones basado en criterios de asistencia, protección, apoyo y reparto gratuito a pequeños grupos, solo busca la neutralizar una alternativa. La Argentina fue hundida en un hoyo financiero bajo justificación de gasto social, dilapidado en el sostenimiento de una casta burocrática, sindical y política. Todo se hacía bien, no había crecimiento sino endeudamiento. El peso se devaluó el último año en 50%, la inflación acumulada desde diciembre de 2019 a la fecha fue de 813%; cuando se ofreció controlarla en agosto de 2022 hasta las elecciones, el índice de precios al consumidor fue de 193%. El buenismo lo llevaban adelante los peronistas, justificándose con un discurso demagógico de izquierda. Los opositores eran ultras, fachos, nazis etc. Al fin, la gente se cansó.

Nuestro país tiene trazado el fracasado curso del país sudamericano. En los últimos 50 años, el gobierno generó un amasijo de instituciones sin importar el impulso de funciones contradictorias. Los gobiernos han carecido de adhesión doctrinaria programática. Todos tienen las mismas políticas de desarrollo, es la corrección reclamada por los poderes hegemónicos mundiales. No se puede estar en contra, pues la cultura de la cancelación es muy fuerte. Para esconder la represión de opciones múltiples diferentes al discurso globalista, se recurre a bufones, buscados para incrementar la confusión. Se busca facilitar la instalación de condicionamientos intervencionistas. El discurso barato se eleva periódicamente para apachar a la intelectualidad crítica.

La supresión del pensamiento alterno, se efectúa por la formación de un apelotonamiento de intereses donde coinciden las instituciones tradicionalmente representativas de la clase de los dueños de empresas dominantes, con la casta burocrática instalada en los cargos estatales, comprada para acallar e ignorar otras políticas públicas y la caterva de los nombrados representantes oficiales encaramados en instituciones de presión o para nombramiento de representantes en comités directivos públicos, sin ninguna legitimidad gremial electoral, debido a la supresión de opositores.

Cuando se observa el gasto de recursos financieros para favorecer movimientos políticos iguales a los ocurridos en países vecinos como Panamá, se puede inferir la ocurrencia de una operación psicológica. Se trata de una maniobra planificada para neutralizar comportamientos o actitudes contrarios a la influencia globalista. Hasta los provocadores, jueces y fiscales alocados, se encuentran en la trama para conseguir una audiencia alelada repetidora de estribillos, con temor a expresar objeciones. Es patético, observar al productor imposibilitado de sacar su producto, afirmar estar de acuerdo con los piqueteros, mientras se arruinó su cosecha y tuvo un daño patrimonial.

El envilecimiento colectivo aparece al degradarse la noción de justicia. Se abandona el derecho de defensa y garantía de ser sometido a un proceso bajo una autoridad imparcial cuando se es reo de una acusación; mientras tanto, se consigue aprobación a la aplicación sumaria de una sanción bajo aplauso de masivos canales de comunicación electrónica. Una chapuza leguleya se vuelve institución bajo el nombre de detención preventiva, prisión provisional o cualquier jerga inventada para asegurar la represión ilegal de las libertades ciudadanas.