Muchos expertos dicen que el coronavirus no piensa irse a ningún lado, o desaparecer, sino que está para quedarse. Mientras tanto, se le han abierto las puertas al crimen organizado en las áreas protegidas por nuestra simple distracción.

Llevamos décadas pidiendo a los gobiernos que fortalezcan más a las instituciones que tienen a su cargo las áreas protegidas o trabajan con temas de medioambiente. No ha sucedido y seguimos viendo que el crimen organizado usurpa nuestras regiones más preciadas. Hacen falta más guardarrecursos, ya que a la fecha solo en Petén contamos con apenas 283 por cada 16 mil hectáreas. Todo ello beneficia a los malhechores.

Constantemente vemos que los guardarrecursos, agentes de Diprona o jueces son intimidados por el crimen organizado cuando se está ejecutando una orden judicial y son amenazados a dejar ir a los malhechores, pues en caso contrario son castigados con represalias.

El tema del medioambiente sigue relegado a un plano inferior, ya que la sociedad guatemalteca y algunos decisores aún no entienden la importancia de las áreas que son fuente de agua, y oxígeno. Sin voluntad política nada va a cambiar y el crimen organizado seguirá avanzando en nuestras selvas destruyendo lo poco que nos queda. Este hecho influye también en el turismo, ya que limita la posibilidad de aumentar el abanico de la oferta turística por lugares que están “tomados” por el crimen organizado.

La organización Fads (Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro) menciona que la situación del crimen organizado pone en riesgo la paz de los estados, el sistema político y la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, si una persona con poder está siendo coaccionada para actuar en determinada forma y escapa del país para no ser instrumento del crimen organizado, este puede atravesar los océanos hasta encontrarlo y toma represalias por no colaborar. Así de coordinados y organizados están.

Hace unos siete años, un experto colombiano confirmaba que ya había llegado a nuestras puertas una seria amenaza similar a la que enfrentó Colombia unas décadas atrás. Dicho y hecho, se está cumpliendo. En nuestras áreas protegidas actúan las estructuras transnacionales que se dedican al trasiego de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, tráfico ilícito de armas, de flora y fauna, de trata de personas, contrabando de mercancías, y lavado de dinero.

Vayamos al grano. Según Fads, el Estado enfrenta un enemigo poderoso en las áreas protegidas. Este enemigo tiene más armamento y recursos financieros que el propio Estado. Tiene mejores estrategias, más capacidad de fuego, tecnología, táctica, inteligencia y muchas influencias en diferentes instancias del poder. Para colmarlo, interactúa con grupos de poder político y económico que operan en la esfera global y hasta legal. No obstante, en nuestro encierro, y por las pocas autoridades al frente, se deforestan bosques y montañas completas y estos pillos saquean todo lo que quieren.

Según Fads, ¿cuáles son los impedimentos para poder combatirles? La falta de instituciones fuertes, la distancia y difícil acceso o falta de vehículos porque las autoridades no pueden hacerse presentes a tiempo cuando se da un ilícito. Se necesita mejor gasto público en las áreas protegidas, un enfoque interdisciplinario, sin políticas aisladas y con un enfoque multisectorial.

El covid-19 ha abierto las puertas aún más al crimen organizado mientras nosotros estamos distraídos. ¿El Estado lo va permitir? ¿Habrá más inversión estratégica hacia el Cona, Diprona y MARN? El gasto estratégico es lo que hace falta. Por ende, hagamos más presencia en las áreas protegidas para que no nos pongan en jaque mate.