La estrategia del terror. Con esta frase puede resumirse la emboscada que la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y su escudero, el actual jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, le están haciendo a las y los operadores de la justicia independiente, casi todos extrabajadores de la extinta Cicig o integrantes de la Feci. Contando, por supuesto, con el concurso de jueces y juezas leales al Pacto de Corruptos y a través de la instrumentalización de las fiscalías de delitos administrativos y de asuntos internos. El modus operandi es más o menos el siguiente: I) se coloca una denuncia —espuria, en la mayoría de los casos— ante el ente investigador sobre la que el despacho superior y la fiscal general tienen previo conocimiento.

II) El “caso” avanza sin tropiezos y con una agilidad inusual. Quizá por eso en la evaluación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Fundesa el porcentaje de eficiencia del MP va más allá del 100 por ciento (sarcasmo).

III) El expediente “cae” en un juzgado a cargo de un juez afín a la mayoría del pleno de magistrados de la CSJ. Un pleno que después de dos años sin elegir cortes sigue estando integrado por una mayoría de magistrados implicados en el proceso “Comisiones Paralelas”, una trama de corrupción para influir indebidamente en la conformación de las altas cortes.

IV) Se dicta orden de captura y el juzgador luego se excusa de conocer o retrasa con cualquier pretexto la audiencia de primera declaración para alargar el tiempo en prisión de las personas señaladas, sin importar el peligro que corran.

V) La Fundación Contra el Terrorismo, querellante adhesiva en el proceso, anuncia con antelación por las redes sociales las capturas y/o se ufana, a través de sus personeros, de “ir ganando” cuando los jueces resuelven no conocer la primera declaración. Todo esto acompañado de un ejército de bots y de la cobertura de los noticieros de la televisión abierta.

Con los jueces y juezas de Mayor Riesgo, que en su gran mayoría son incorruptibles, han tenido más tropiezos porque tienen que agotar primero el proceso de retiro de antejuicio. Pero como el objetivo es sacarlos de sus judicaturas para tomar el control de los expedientes y, de paso, darles un “escarmiento” por abanderar la lucha contra la corrupción y la impunidad, siguen acumulando denuncias para “activarlas” cuando les sea conveniente. La selección de los jueces pesquisidores ad hoc es también parte de la estrategia, no pueden correr el riesgo de que se “recomiende” mantener la inmunidad de quienes han procesado a políticos y empresarios corruptos, o a militares violadores de los derechos humanos. Y no pasemos por alto la conveniente resolución que le devolvió a la CSJ el control sobre nombramientos y traslados de jueces, quitándole esta facultad al Consejo de la Carrera Judicial.

En resumen, estas son las cartas con las que Porras Argueta juega a la reelección: Poner al servicio de los poderes fácticos y de las redes de corrupción toda la maquinaria del MP. Apachar clavos y sacar de la cárcel a los aliados y hundir a jueces independientes y a las y los investigadores y fiscales anticorrupción. De aquí a que se conforme el listado con los nombres de los seis candidatos a la Fiscalía General, seguirá imparable, batiendo el récord de Carlos De León Argueta, célebre por su tenebrosa gestión al frente del MP.

Sin embargo, para Giammattei reelegir a doña Consuelo puede ser un costo demasiado alto. Por eso, según dicen fuentes siempre bien informadas, el presidente se decantaría por un sustituto que esté a la “altura de las circunstancias” o bien por “entrampar” el proceso de elección de fiscal general y que la señora siga moviendo los hilos tras la palestra. No sea que con todo lo que sabe, si no es electa, se vaya a enojar.