Por acá seguimos haciendo análisis de cuán mal estamos. Los indicadores negros de nuestro país que nos abofetean al amanecer de cada día. Las cifras demográficas pétreas que no cambian sino para empeorar porque el sistema está petrificado por causas sistémicas de un “sistema” político e institucional agotado y en estado terminal. Un sistema que se resiste a los cambios y que tiene buena parte de su razón de ser en el tipo de constitución que tenemos, en el sistema de partidocracia y en los actores secundarios paralelos que conviven en un escenario multidimensional.

Un sistema que, por carecer de políticas públicas idóneas, ha mercantilizado toda la administración pública poniéndole precio a todo lo que se mueva o quiera moverse. Y de ahí que florezcan al día de hoy 23 partidos con sus candidatos, la mayoría francamente “candidotes”, perdidos en la candidez de ingenuas concepciones y diagnósticos, más aspirantes a la consecución de rentas clientelares que en otra razón de ser.

Las propuestas lógicas que deberían estar sobre la mesa en los programas de gobierno no se han podido debatir por la falta de diálogo debido esa polarización tan aguda que existe, la cual limita las posibilidades de consensuar agendas de país en temas estructurales de largo atraso: la reestructura del sistema educativo; el ataque frontal a la desnutrición; el combate a la pobreza extrema; la profesionalización de la burocracia vía un servicio civil de meritocracia; la transparencia y la calidad del gasto público vía el control de las licitaciones por verificadores internacionales; la desregularización de la infraestructura vial; la facilitación de procesos para eliminar la tramitología y la discrecionalidad burocrática; las reformas al Organismo Judicial, separando funciones administrativas; las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para despenalizar el debate político y enriquecer las propuestas políticas. Y el desarrollo de un entorno no hostil hacia las inversiones, especialmente en lo concerniente al derecho de locomoción y a la protección de la propiedad privada, elementos indispensables para generar riqueza, empleo, productividad, impuestos para el Estado.

Todo lo anterior son temas pendientes que ningún partido político podrá abordar sin tener operadores políticos con la capacidad de tender puentes de comunicación y diálogo entre todos los actores del tablero político, especialmente en el Organismo Legislativo.

Es lamentable el tiempo que se ha perdido centrando el debate en el combate a la corrupción, atacando los efectos de las limitaciones sistémicas en vez de la promoción de las políticas públicas idóneas arriba apuntadas para eliminar los causales principales.

Cuánta dispersión, energía y enfoque se le ha dado al tema de la corrupción, aprovechándolo para promover agendas políticas de otro orden. La polarización obtenida de ese largo choque de trenes nos ha hecho trizas. Los pocos puentes de comunicación se cerraron herméticamente. El próximo proceso electoral presagia tormentas de mucho potencial conflictivo.

La palpable debilidad del Tribunal Supremo Electoral para enfrentar este proceso electoral, su limitada capacidad de respuesta a ese desorden tan grande que han dejado los grises de la interpretación de las normativas de la LEPP no promete sino tormentas de alta distensión social y política.

Aunado a todo esto, el desempeño de la Corte de Constitucionalidad ha sido nefasto durante los últimos años, porque ha fallado en hacer “correcta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales, haciendo valer los derechos fundamentales para expulsar del ordenamiento jurídico las normas incompatibles con la Constitución”.

En este estado nos encontramos, esperando como una panacea que la democracia electoral nos cambie el rumbo del país. Dios nos guarde…