Punto de encuentro
Las cortes en la cancha del Congreso
En esta fase final de la elección toca redoblar la fiscalización y exigencia ciudadana.
Con la conformación de los listados de candidaturas se viene la última fase del proceso de elección de las 13 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las 46 salas de cortes de Apelaciones para el período 2024-2029.
La primera batalla se dio alrededor de la integración de las comisiones, sobre todo en el Colegio de Abogados —donde vimos el clientelismo y el tráfico de influencias en todo su esplendor—, así como en la votación de representantes de las cortes de Apelaciones para integrar la postuladora de la CSJ.
Todo un reto fue elegir a los presidentes de ambas instancias y una noticia alentadora que el rector impuesto de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos, no presidiera la comisión para la Suprema y, en cambio, la designación recayera en Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL). El trabajo del padre Cortés y su equipo permitió abonar a la transparencia y publicidad del proceso y, por supuesto, frenó lo que habría significado que el control de la comisión estuviera en manos de un alfil de las mafias.
Está claro que el proceso estuvo lleno de obstáculos y zancadillas; que se colaron en los listados aspirantes vinculados a las redes de corrupción que anidan en el sistema de justicia y en el Ministerio Público (MP); que quedaron fuera juristas probos y entró una buena cantidad de candidatos/as “grises” que pueden ser un peligro a la hora de resolver con independencia, y que hubo decisiones tomadas (por mayoría) como el rechazo a la casi totalidad de las tachas presentadas, la anulación del proceso de entrevistas a los aspirantes; y la disposición de que la “honorabilidad” estuviera atada a una sentencia firme y ejecutoriada, lo que abrió la posibilidad a actores corruptos y antidemocráticos de ser bien calificados y hasta electos.
La garantía de impunidad y los “incentivos” económicos podrían condicionar el voto de un buen número de diputados.
Pero no se puede obviar que de los 12 magistrados de la Suprema que aspiraban a la reelección, solamente tres hayan sido incluidos en la nómina y que estén fuera de las magistraturas de salas de Apelaciones fiscales como Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso o jueces como Víctor Cruz y Jimi Bremer, que han hecho de la criminalización su modus operandi. Aunque en esto, como fue público y notorio, no solo pesó el trabajo de las y los comisionados honorables, sino las desavenencias y rupturas entre los poderosos grupos gremiales: ahí tienen ustedes la confrontación entre el presidente de la CSJ, Óscar Cruz Oliva, con los 12 magistrados que integran el Pleno que incidió en la definición de la sede y en la votación de candidaturas. ¿Qué pasó ahí? Eso es algo que habrá que escudriñar y develar en un buen reportaje periodístico.
Aunque ya están anunciadas acciones legales en contra del último procedimiento que llevó a la conformación del listado de candidaturas a salas de Apelaciones —y eso podría tener alto impacto en los próximos días—, el proceso de elección de cortes pasa ahora a la cancha del Congreso, con todo lo que eso significa.
Todo lo acontecido demostró, por si hacía falta, que es imperativo reformar el mecanismo de elección para la integración de las altas cortes. Esa es una batalla ineludible que habrá que dar para que no nos enfrentemos al mismo escenario una y otra vez. Pero en este momento no se puede bajar la guardia: ya sabemos que la garantía de impunidad, las amenazas de persecución penal y los “incentivos” económicos podrían condicionar el voto de un buen número de diputados, por lo que resulta clave en esta fase final de elección de cortes redoblar la fiscalización, el acompañamiento y la exigencia ciudadana.
Mi reconocimiento a las autoridades indígenas por su incansable lucha en defensa de nuestra democracia y a las organizaciones sociales, periodistas y medios independientes: muchas gracias por su trabajo indispensable.
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