A las puertas de 2022 hemos de mirar hacia el futuro. Un futuro que, dada la condición humana, es siempre incierto, pero que en estos momentos plantea encrucijadas, creo yo, delicadas. Quizás en algunos casos ya se haya producido un cambio de rumbo, pero todavía es reversible –espero. Creo que los aspectos más importantes en que se presenta esta situación son los del aparato de justicia del Estado, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción. En cierto modo, todos esos aspectos son perspectivas de un mismo problema, a saber: el imperio del derecho.

En relación con el primero de los puntos señalados, se ha prolongado una situación que comenzó con una serie de acciones de amparo y de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que, procurando evitar que se consumaran pactos entre grupos interesados en controlar indirectamente los órganos de justicia de apelaciones y otros tribunales colegiados y a la propia Corte Suprema de Justicia, hicieron que el proceso de elección de los altos cargos judiciales por parte del Congreso se excediera de su plazo constitucional e impusieron una metodología de elección sumamente difícil de llevar a la práctica (al exigir que, de viva voz, cada diputado al Congreso justificara, individualmente, su voto favorable o desfavorable por cada uno de los candidatos postulados).

Y la encrucijada que se presenta es, por un lado, el camino de la indiferencia culpable ante un problema grave o, por el otro, el de articular una solución razonable para viabilizar una elección seria y a consciencia. El primer camino es muy escabroso. Un Estado que ni siquiera consigue designar a sus principales autoridades judiciales presenta una patología grave y es una situación que no puede ignorarse por las agencias calificadoras, por los inversores, por la banca multilateral, por la comunidad internacional y, lo más importante, por los propios ciudadanos.

En lo que a la libertad de prensa se refiere, las acciones teledirigidas en contra de R. Zamora, de J. L. Font y de personeros de “La Hora”, además de los numerosos sucesos de violencia –a veces mortal—o de intimidación en contra de periodistas de todo nivel plantea, una vez más en la historia de Guatemala, la encrucijada entre el camino que lleva a vivir en una sociedad aherrojada, sometida a la arbitrariedad de funcionarios que se creen dueños de la verdad y del poder de decidir quién puede opinar sobre la realidad imperante, o el camino que lleva a vivir en una sociedad abierta en la que todos pueden expresar sus opiniones y sus críticas sobre la vida pública de la nación, sin temor a ser objeto de persecuciones o represalias. Retroceder en esto sería traicionar los más hondos anhelos de una ciudadanía ya cansada de autoritarismos y arbitrariedades, además de sembrar, una vez más, la semilla de la violencia política.

Y, en ese orden de ideas, para quienes con razón o sin ella piensan que hoy en día la prensa actúa sin límite alguno y que eso no está bien, la actitud lógica sería promover la reforma del fuero de imprenta y de la emisión del pensamiento con base en instituciones judiciales independientes y en procesos articulados con sumo cuidado, nutridos de las mejores prácticas y principios universales, para conseguir ese “respeto al derecho ajeno que es la paz”.

En lo que a la lucha contra la corrupción se refiere está claro que, sin instituciones judiciales independientes y si una prensa que pueda desenvolverse con plenas garantías de respeto a la libertad de emisión del pensamiento, la lucha contra este flagelo ya estaría perdida. Cualquier comentario adicional, huelga.