Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos encuentra en el medio de una escalada de ataques, hostigamiento y criminalización en contra de abogadas, fiscales, juezas e investigadoras comprometidas con la lucha contra la corrupción y la impunidad. El sistema de justicia que ellas pusieron a funcionar —porque la norma en este país es que las redes de tráfico de influencias la controlen para garantizar la arbitrariedad en investigaciones y resoluciones— está siendo utilizado para perseguirlas y encarcelarlas.

El común denominador ha sido darle trámite a denuncias espurias, a partir de las cuales se inician los procesos de antejuicio para retirar la inmunidad —en el caso de las juezas— y girar órdenes de captura contra fiscales y abogadas para dejarlas en prisión porque, violentando el debido proceso, en muchos de los casos, ni siquiera han podido prestar su primera declaración.

La fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, los asesores de su Despacho, el actual jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y funcionarios de las fiscalías de delitos administrativos y de asuntos internos del MP, con la connivencia de juezas, jueces y magistrados leales al Pacto de Corruptos, llevan adelante una estrategia de terror para desbaratar la estructura institucional que se había instalado para perseguir a las redes criminales y de gran corrupción. De paso, buscan dar una lección “ejemplificante” para que nunca más alguien se atreva a investigar y a procesar judicialmente a miembros de las familias y los sectores “intocables” del país.

El blanco de los ataques son las fiscales de la Feci, las abogadas e investigadoras de la extinta Cicig y las juezas que han conocido casos emblemáticos en los que están involucrados políticos y empresarios corruptos o militares violadores de los derechos humanos. La emboscada incluye a las abogadas defensoras que representan a funcionarios anticorrupción que están en prisión o en el exilio.

La persecución tiene nombres y apellidos, que nos recuerdan los tristemente célebres listados que se confeccionaban en los sótanos oscuros del poder durante las dictaduras militares. Por eso no es coincidencia que junto al uso malicioso del Derecho Penal se esté llevando adelante una operación de inteligencia para generar terror y, cada vez más, una profunda sensación de asfixia e indefensión.

Vigilancia, seguimientos y hostigamiento en la realidad-real y en las redes sociales son componentes de la estrategia. Vean ustedes cómo algunos nombres de cuentas en la plataforma digital Twitter coinciden con los que utilizaban los aparatos de represión y los escuadrones de la muerte durante los años de la guerra. Hay un objetivo implícito en su utilización: traer a colación a quienes cometieron desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Por eso, en este día en que reivindicamos la lucha incansable de las mujeres en defensa de sus derechos y de una sociedad más justa y equitativa, alzamos la voz para exigir el cese de la persecución arbitraria e ilegal en contra de Siomara Sosa, Leily Santizo, Allis Morán, Virginia Laparra, Paola Escobar y Erika Aifán, así como contra Yassmin Barrios, Thelma Aldana, Claudia Paz y Paz, Claudia Escobar y Gloria Porras.

Todas, abogadas guatemaltecas dignas, valientes y comprometidas con la transformación de nuestro país. Mujeres poderosas y ejemplares que pusieron luz sobre aquello que los corruptos y criminales quieren mantener oculto. A ustedes que decidieron no plegarse al sistema de impunidad. A ustedes que no cesan en su lucha porque la justicia sea igual para todas las personas. A ustedes que antepusieron su independencia ante las presiones y la persecución que ahora sufren. Reciban, mujeres inclaudicables, nuestro reconocimiento y solidaridad.