El presidente Joe Biden ha dado un giro en su política hacia la región centroamericana, en la cual ahora aparece la lucha contra la corrupción en primer plano. Este hecho es relevante, dada la pésima política de Donald Trump, que no solo favoreció la desarticulación de la Comisión Internacional contra la Corrupción (Cicig), sino que dio alas a los sectores más retrógrados y proimpunidad. En el caso de Guatemala, una alianza de empresarios, políticos corruptos y elementos vinculados con el crimen organizado lograron sacar a Iván Velásquez y reestructuraron las redes criminales, a sabiendas de que a Trump no le importaba mayor cosa lo que ocurría en esta parte de su patio trasero. El expresidente Jimmy Morales se dio el lujo de hacer un show televisivo, desde el Palacio Nacional de la Cultura, con presuntos delincuentes, con el objetivo de desbaratar el trabajo de Iván Velásquez y la Cicig. Las lacras hicieron fiesta.

Si bien nos corresponde a los guatemaltecos decidir el futuro de Guatemala, no se puede obviar que el país se encuentra en la zona de influencia de Washington y su política exterior tiene un fuerte impacto. Por ello, los nuevos vientos que vienen del norte son positivos para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entre los aspectos esperanzadores está el anuncio de la creación de una comisión regional contra la corrupción que funcionaría en el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Según la entrevista que le concedió al diario La Hora Juan Sebastián González, director de Asuntos Hemisféricos para la Región, en el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., esta comisión intercambiaría información entre fiscales de la región y oficiales del Departamento del Tesoro estadounidense, para investigar y procesar a quienes resulten involucrados en hechos relacionados con corrupción.

Todavía no hay mayor información sobre cómo funcionará esa comisión regional, pero es un buen adelanto que la administración de Biden retome la lucha contra la corrupción, bajo el entendido de que mientras en el Triángulo Norte las mafias tengan el control del Estado no se podrá resolver el problema de la migración y tampoco se podrá luchar contra el crimen organizado, porque este está incrustado en las estructuras estatales. El solo hecho de que González dijera que el exjuez Mynor Moto estaba fuera de la cárcel gracias a la inmunidad que tenía evidenció que ahora Washington le presta especial atención a lo que ocurre por estos lares. Además, señaló el “mal compromiso que ha tenido el presidente Giammattei en contra de la corrupción”, porque se sabe que el mandatario estuvo detrás de la elección de Moto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

Las señales de la Casa Blanca también están dirigidas hacia el sector privado organizado. El subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Hugo Rodríguez, les pidió a los empresarios “forzar junto a sus socios en el gobierno que se extinga la corrupción y crear un mejor entorno económico en la región”. Es innegable que el sector privado juega un papel vital en países como Guatemala y determina de muchas maneras el rumbo de las políticas. Ese fue el caso que ocurrió durante el gobierno de Jimmy Morales, cuando un grupo de grandes empresarios hizo una millonaria contribución para cabildear en Washington con el objetivo de lograr la expulsión de la Cicig del país. Entonces, ese sector también es responsable de la entronización de las mafias en el Estado y es correcto hacerle entender que nada podrá cambiar si los empresarios continúan su apoyo a esas estructuras de corrupción e impunidad. De esa manera, el gobierno de Biden plantea que el sector privado y la sociedad civil son actores principales en la lucha contra las lacras enquistadas en el Estado.