Costa Rica comenzó la vacunación contra el coronavirus el 24 de diciembre pasado. El regalo de Navidad fue dirigido al personal de salud de primera línea de combate del covid-19 y a adultos mayores que residían en hogares de ancianos. El 14 de enero de este año ese país comenzó la aplicación de la segunda dosis. El gobierno costarricense desde el año pasado hizo varios acuerdos para garantizar a su población el suministro de las vacunas. De esa forma acordó con Pfizer y BioTech la entrega de 1.5 millones de dosis. Con AztraZeneca otras 500 mil unidades y con el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, otro millón de dosis que llegarán a este país en fechas establecidas. Con esa dotación, el gobierno del presidente Carlos Alvarado espera cubrir el 80 por ciento de la población mayor de 18 años. México inició la vacunación el 12 de enero y El Salvador, el 17 de febrero. El vecindario está claro en la prioridad: la salud.

El caso de Guatemala es deprimente. A estas alturas, el gobierno de Alejandro Giammattei ni siquiera sabe la fecha en que llegará la primera dotación de vacunas contra el covid-19. Pareciera que existe un total desinterés en la adquisición de las dosis que no solo permitirían la inmunización de la población, sino la reactivación plena de la actividad económica. Ya ni siquiera se puede justificar por la falta de experiencia de las autoridades, porque el 14 de enero pasado Giammattei cumplió un año de estar en la Presidencia. Pese a que el mandatario es médico, la salud ha sido uno de los servicios peor administrados en su gobierno. La gestión del primer ministro de Salud, Hugo Monroy, fue un completo desastre porque ni siquiera pagaba los salarios del personal médico y paramédico que combatía el covid-19, y tampoco había insumos. La gestión de la ministra Amelia Flores sigue el mismo rumbo.

Los intereses del presidente Giammattei van en una dirección diferente a la de proporcionar una mejor calidad de vida a los guatemaltecos, la cual tendría que pasar por la administración de la vacuna contra el virus. Lo mismo ocurre con sus ofrecimientos de mejora del sistema hospitalario. Se recuerdan cuando, siendo candidato presidencial, dijo que iba a eliminar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). Afirmó que esa secretaría gasta al año Q175 millones para cuidar y dar de comer al presidente y al vicepresidente. Prometió que con ese dinero, en los dos primeros años de su gestión iba a construir el nuevo Hospital Roosevelt, con el doble de encamamiento que tiene ahora. En los dos años siguientes ofreció que iba a remodelar el Hospital San Juan de Dios. Puras mentiras porque la SAAS sigue ahí y la salud brilla por su ausencia.

La irresponsabilidad de Giammattei y del partido oficial Vamos también repercute en el Congreso. La alianza oficialista, encabezada por el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, ha sido incapaz de aprobar la ley de vacunas, algo de vital importancia para la población, principalmente de escasos recursos. Al contrario, esa alianza oficialista le ha dado espacio a su agenda pro corrupción e impunidad, con acciones como la juramentación del exjuez Mynor Moto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Jugar con la salud de la población es un acto criminal porque implica que más guatemaltecos puedan morir por no darle la prioridad que merece la salud. ¿Cómo es posible que Costa Rica, México y El Salvador lleven con éxito sus campañas de vacunación y Guatemala ni siquiera tenga certeza del arribo de la primera dotación? La respuesta es muy sencilla: las mafias incrustadas en el poder, a las cuales sirve el presidente Giammattei, están interesadas en la cooptación del Estado y nunca en la salud de los guatemaltecos.