Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) están tirando por la borda las elecciones generales. La inconsistencia de sus resoluciones, que más que estar fundamentadas en derecho parecieran responder a intereses políticos, ponen en entredicho la idoneidad de quienes hoy tienen en sus manos dirigir el proceso electoral en marcha. Si había alguna duda de que los magistrados respondían a los intereses del pacto de corruptos, ya se han desvanecido con la luz verde que le dieron a la participación electoral de Manuel Baldizón. Ahora, tras la ola de rechazo y las acciones penales y amparos en su contra, la presidenta del TSE, Irma Palencia, y los magistrados Mynor Franco y Álvaro Cordón dieron marcha atrás, pero el mal está hecho. Ya perdieron toda credibilidad porque es imposible creer que hayan avalado la participación de Baldizón por falta de información. ¿En qué país viven para no saber que el excandidato presidencial tiene cuentas pendientes con la ley?

¿Qué llevó a los magistrados Palencia, Custodio y Cordón a ensuciarse las manos en favor de Baldizón? ¿Qué intereses económicos o políticos hubo tras la decisión de avalar la participación de una persona de la catadura moral del expresidenciable? ¿Dinero o una orden del pacto de corruptos, cuyo principal operador es el presidente Alejandro Giammattei, o ambas razones? Era imposible pasar por alto la condena de la justicia de Estados Unidos contra Baldizón por “haber aceptado contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes” y que hizo transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para lavar el dinero que había recibido de los narcos. Además, el Ministerio Público envió al TSE el 27 de febrero pasado la información sobre los actuales procesos contra Baldizón por desvío de unos Q80 millones del Transurbano y de sobornos en el caso Odebrecht. Los tres magistrados no solo vendieron su alma, sino que arrojaron estiércol sobre el proceso electoral.

Además, este caso es solo una mancha más al tigre. Las veleidades de los magistrados del TSE los han llevado a dictar resoluciones contradictorias, incluso violatorias a la Constitución Política. Ese es el caso del rechazo a la inscripción de Jordán Rodas como vicepresidenciable del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), que a todas luces tuvo un sesgo político. Otro tanto ocurrió con la revocatoria de la inscripción del presidenciable Roberto Arzú, del partido Podemos, supuestamente por campaña anticipada. ¿Acaso el partido oficial no ha hecho campaña anticipada y no hay ni una sola acción en su contra? Si el veto contra estos candidatos provino de la Casa Presidencial, significa que los magistrados, más que dirigir el TSE, reciben órdenes políticas que no ponen en discusión. Otro hecho aberrante fue la inscripción de Zury Ríos como presidenciable del partido Valor, pese a existir una prohibición constitucional en su contra, la cual pesó en las elecciones pasadas para que no pudiera participar.

A estas alturas ya no podemos hablar de que las próximas serán elecciones libres y transparentes. Más pareciera que los magistrados del TSE siguen una hoja de ruta en la cual está ya definido qué candidatos cuentan con el aval político para participar y quiénes no. Lejos ha quedado la labor de anteriores magistrados que supieron mantener la independencia del TSE frente a las presiones políticas. Hoy, más que magistrados, lo que observamos son marionetas que actúan de acuerdo con la mano que maneja los hilos. Esto indudablemente representa un serio retroceso político, porque lo único que pueden garantizar es la supervivencia del sistema corrupto que nos han impuesto y que en la actualidad tiene el control de la mayoría de instituciones del país.