En esa inverosímil y decadente disyuntiva nos movemos en estas elecciones guatemaltecas, como si todos los preceptos politiqueros fijasen el rumbo, el norte, la ruta y el asalto al poder por medio de la tergiversación jurídica y la violación de la Constitución.

Y todo por la codicia de llegar a la cancha, no por medios lícitos, ganados a voto limpio en el campo electoral, en igualdad de condiciones; con un historial limpio; requisitos cumplidos y en orden, sino, ¡oh ironía!, en un campo minado donde se ha comprado a los árbitros, a los guardametas y hasta a los de la taquilla para darles boletos de palco a los favorecidos. En esas circunstancias se juegan estas elecciones, con un voto nulo volando en círculos concéntricos desde las alturas, cual águilas del pueblo para caerle a esa ratonera inmunda del voto acarreado, comprado, clientelar. Lo lamentable es que a excepción de algunos centros urbanos, la mayoría se decante hacia esa manipulación de voto duro.

Es, en parte, gracias a las normas de la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que favorecen y alientan el financiamiento oculto, clandestino, de los caciques y narcos en el interior, versus las complicaciones burocráticas para donar (no financiar) lícita y en forma transparente a diversos partidos. Es como si hubiesen ideado el plan perfecto para desalentar el financiamiento transparente.

Me trae a la memoria las palabras del Muso Ayau de que al complicar el trámite de las licencias de armas a los ciudadanos con legítimo derecho de portación, lo que lograban era castigar la transparencia y favorecer a los criminales que nunca han necesitado una licencia para adquirir cualquier tipo de armas y municiones.

Hago mías las reflexiones de las últimas columnas de Fritz Thomas y Armando de la Torre, en las cuales ambos enfatizan que, para poder remontar las problemáticas y necesidades más urgentes y prioritarias de nuestro país, el requisito fundamental es la certeza jurídica. Nadie invierte en un país sin reglas claras y sistemas de justicia funcionales y apegados a derecho. Tampoco se pueden tener elecciones libres y transparentes. La reforma constitucional es impostergable.

El próximo presidente poco puede hacer sin el apoyo del poder Legislativo. Las capacidades de intermediación con las bancadas grandes exigen operadores políticos experimentados para lograr una agenda consensuada que enfrente la ola depredadora que se avecina. Leyes como la de Infraestructura, de Servicio Civil y de Compras y Contrataciones enfrentarán una férrea oposición de los mismos intereses perversos de siempre.

En anteriores columnas he abordado la urgencia de unir esfuerzos para fortalecer la autonomía de las comisiones de postulación, reformando el sistema de elección de magistrados para elegir a los mejores profesionales del Derecho. Uno de los problemas ha sido los periodos tan cortos. Solo con un horizonte largo de servicio se garantizaría la inclusión de los mejores y una verdadera independencia de influencias espurias.

Estas elecciones son naufragio anunciado desde el momento en que se inició la “preselección de candidatos” en las cortes y en el TSE. Quedarán registradas como un estudio de caso: violaciones de libre expresión; normativas inoperantes; jurisprudencia contradictoria; e interpretaciones constitucionales absurdas —muy convenientes—, absolutamente violatorias de los derechos humanos: “Tu padre fue esclavo, por lo tanto: tú, tu hija, la hija de tu hija, su nieta y bisnieta seguirán siendo esclavos”. Atentamente: Gloria Porras; Boanerge Mejía y Mata Vela.

Estamos nuevamente frente a una encrucijada en la cual la opción que tomemos tendrá consecuencias de largo plazo. Los diputados marcarán la diferencia.

Prepárese, pues, el ciudadano, acorde y prudentemente, “antes” de las 14 a las 14.