Se puede catalogar como gobiernos de izquierda a Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica hasta 2022, Laurentino Cortizo de Panamá hasta 2024, Manuel López Obrador de México hasta 2025, Pedro Castillo de Perú hasta 2026. Con la contingencia de extender los mandatos, están Alberto Fernández de Argentina posible reelección en 2023, Luis Arce Bolivia posible reelección en 2025, Irfaan Alí de Guyana con posible reelección en 2025. No se sabe bien, el período de Nicolás Maduro vence en 2025, y el de Daniel Ortega con posible quinto mandato en 2021 hasta 2026. En resumen, la mayor parte de Latinoamérica está bajo mandatos con diferentes matices de izquierda durante un lustro. No hay principios explícitos para el relacionamiento con estos regímenes por EUA.

Al observar la tendencia latinoamericana, es obvio que EUA se siente cómodo con los regímenes de izquierda. Establece sendas conexiones funcionales con estas expresiones políticas, pero sin correlato económico; en consecuencia, alivia los gastos de cooperación al desarrollo bajo la justificación de no ser amigables. Solo Nicaragua y Venezuela, constituyen casos especiales. La falta de garantías y libertades en ambos países; sobre todo en el último, han generado desastres humanitarios imposibles de desconocer. Sin embargo, es obvio, la falta de intervención directa, con compromiso de fuerzas operacionales, por EUA.

Al resto del subcontinente no se le puede englobar como derecha. Son claramente conservadores, el brasileño Jair Bolsonaro con posible reelección en 2023. Mario Abdo Benítez de Paraguay hasta 2023, Iván Duque Márquez hasta 2024, Luis Lacalle Pou de Uruguay hasta 2025, Chan Santoki de Surinam con posible reelección en 2025 y Guillermo Lasso de Ecuador con posible reelección en 2025. Norteamérica mantiene relaciones constructivas, sin controversias.

Puede parecer insignificante la consideración del triángulo norte de Centroamérica; no obstante, aquí vivimos. Con raíces en la izquierda y llamados a la movilización en proyectos económicos singulares, se encuentra Nayib Bukele de El Salvador finaliza 2024. Sus posturas soberanistas chocan con la administración Biden que, a su vez, busca manejar el caso con el fuete y la zanahoria.

Mientras tanto, el régimen político hondureño ha sido ganado por la narcopolítica. Con Juan Orlando Hernández que finalizará en 2022, la potencia norteamericana muestra una ambigüedad ostentosa. Ha encarcelado al hermano presidencial por tráfico de drogas; a la vez, observa las acusaciones contra Hernández sin hacer nada.

Muy resumido, frente a Alejandro Giammattei que finalizará en 2024, ha disminuido la presión política, con menoscabo en el área de confrontación del narcotráfico, donde no se advierte la intervención. Se desestabiliza la gobernanza, sin advertir que los narcos avanzan a cubierto. En apariencia, se busca elaborar una red de influencia oenegista, para utilizarla electoralmente en la generación de un gobierno donde se pueda asumir cualquier justificación ideológico partidista. Ojalá no sea tarde cuando se quiera reaccionar frente a los narcos.

Un poco de seriedad ayudará a ubicar mejor las propuestas políticas locales y la orientación de las relaciones internacionales. No ayuda en la consideración de la nueva realidad geopolítica latinoamericana, estar repitiendo calificativos y propuestas desfasadas, propias del siglo XX. Se necesita un nuevo pensamiento crítico latinoamericano, donde tenga cabida la consideración de un futuro solidario dentro de diversas opciones ideológicas. Pero, no se ve, por dónde, ni quiénes lo harán.