En los últimos meses hemos podido viajar y comparar cómo están las carreteras de otros países en comparación con las nuestras y no hay que irse muy lejos. Al pasar por la frontera con El Salvador podemos ver la gran diferencia. Como en cualquier debate no faltan aquellos que de forma simplista contestan “no hay voluntad política en Guatemala”, “no se pone a las personas adecuadas a cargo” o simplemente es “por la corrupción”. Aunque cada una de estas frases tienen algo de razón, no abordan para nada la necesidad de un cambio de modelo. Sin eso, vamos a seguir sin profundizar en las razones del tan necesitado cambio y vamos a seguir como el perro que se muerde la cola.

Veamos lo que pasaba en la década de los noventa con la electrificación, y cómo pasamos de un 58% de la población conectada a un 89.26% de la población, con miles de millones de dólares de inversión extranjera y nacional. Este tipo de saltos cuánticos no se hubieran logrado sin un marco de competencia legal. ¿Qué pasa con la infraestructura vial? Hoy el sistema fomenta la corrupción, puesto que las decisiones dependen más de lo político que de lo técnico, no se genera ningún incentivo para contar con carreteras en buenas condiciones y, por supuesto, existe impunidad en el sistema de justicia, pero la gran pregunta es: ¿por qué la calidad del sector eléctrico se mejoró y el del sistema vial no hay forma de hacerlo? Parte de la respuesta está en el marco institucional.

Ahora bien, ¿qué beneficios trae a la población la aprobación de la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial? Es importante aclarar que la ley es una de muchas reformas institucionales que el país necesita y que debemos seguir trabajando para fortalecer nuestro sistema de justicia para garantizar que se reduzca la impunidad. Sin embargo, ese es, como en cualquier país en vías de desarrollo, un proceso de mediano y largo plazo. En el ínterin, lo que la ley promueve son ciertos cambios institucionales específicamente al sistema vial, para que Guatemala pueda contar con más competencia y se generen más de US$2 mil millones adicionales en inversión pública para carreteras, un aumento sostenido del crecimiento económico y de la formación bruta de capital fijo, y contar con más y mejores caminos rurales, puentes, túneles, andenes, ciclovías y carreteras.

La ley permite contratar la operación de la red vial en estado óptimo —pago por indicadores—, siendo responsabilidad del desarrollador el mantenimiento y reparación —este cambio de incentivo ayudaría en casos como el que tenemos ahora en la carretera a El Salvador, por ejemplo—. Garantiza el proceso de adjudicación bajo estándares internacionales. Moderniza el derecho de vía, velando por la protección de los derechos constitucionales de propiedad, pero generando una declaratoria de utilidad pública, con base en estudios previos. Se reducen los riesgos de los proyectos, dando certeza jurídica a los contratos y beneficiando la capacidad del Estado a poder planificar de mejor manera, priorizando proyectos y con la posibilidad de contar con propuestas no solicitadas, que hace que los costos de prefactibilidad y factibilidad se paguen, solo al ejecutarse el proyecto.

Se crea un sistema planificado de red vial que permite construir no solo proyectos rentables financieramente, sino también aquellos con alta rentabilidad social, y crea un modelo participativo que regula que hay una porción obligatoria del beneficio, derivado de la operación. Se regulariza el uso del subsuelo para generar carreteras modernas con túneles de primer nivel. Se genera una institucionalidad más capaz, moderna y eficiente que se enfoca exclusivamente en la red vial, para contratar a los mejores profesionales.