El sistema judicial de Estados Unidos, históricamente fundado en principios de libertad, siempre ha valorado la propiedad privada y la promoción de la seguridad individual. Sin embargo, recientes leyes en algunos estados, generalmente demócratas, que permiten que cualquier individuo cometa hurtos menores sin enfrentar cargos criminales —siempre y cuando el valor no exceda cierta cantidad (usualmente US$750)— están generando una controversia considerable.

Un poco de contexto: Esta ley, aunque concebida con la intención de reducir la sobrecarga del sistema penitenciario, tiene ramificaciones económicas, éticas y sociales que no pueden ser ignoradas, porque el capitalismo y la certeza de la propiedad privada son pilares fundamentales para el progreso económico y la libertad individual. Las leyes que permiten los robos de bajo nivel socavan grandemente este principio, porque alientan a ciertos segmentos de la población a delinquir eliminando la certeza del castigo.

Las repercusiones económicas son evidentes: varios estados han reportado un aumento en estos hurtos desde la implementación de dichas leyes. Sin ir más lejos, un estudio de 2022 de la Universidad de Berkeley encontró que los robos menores en tiendas californianas aumentaron en un 20% tras la aprobación de su ley. Pero California no está sola; en otros Estados con políticas similares se observan tendencias similares.

Este incremento en robos ha llevado a las empresas a gastar sumas considerables en medidas de seguridad. Paralelamente, muchas tiendas han experimentado una caída en ventas, pues los consumidores se sienten inseguros en establecimientos que han sido blanco de estos hurtos.

La filosofía detrás de la no penalización de robos de bajo nivel proviene de la ilusoria idea de no sobrecargar el sistema judicial con delitos menores. Sin embargo, la ausencia de sanciones adecuadas desalienta el poder coercitivo de la fuerza y la certeza del castigo, dos elementos esenciales en cualquier sistema de justicia. Si un agente de seguridad se encuentra en la posición de detener a un ladrón, ¿qué garantía tiene de que su acción será apoyada por la ley? De hecho ya hay muchos casos de guardias de seguridad en la cárcel acusados por no permitir este “derecho…”

El futuro no presagia nada bueno. A medida que estos hurtos continúan afectando a las comunidades, algunos estados tienen una creciente presión para cambiar estas leyes. Las consecuencias económicas y el deterioro de la aplicación de justicia y seguridad son difíciles de ignorar.

La premisa original de equilibrar la sobrecarga del sistema penitenciario ya no tiene asidero lógico con la obligación de proteger los derechos de propiedad y garantizar la seguridad. Una solución podría ser la implementación de programas de educación para ofensores menores, combinados con sanciones civiles o multas escalonadas basadas en la frecuencia de los delitos. Pero la certeza de castigo seguirá siendo el mejor desincentivo.

A estas alturas de extravagancias políticas, muchos prefieren obviar la importancia de la propiedad privada y la justicia. Pero la historia debe servirnos de guía: Ignorar estos principios en favor de soluciones utópicas de corto plazo puede tener ramificaciones de largo alcance que afecten el tejido mismo de nuestra sociedad y alienten la pobreza.

Es esencial que las leyes reflejen y protejan estos valores fundamentales. En Guatemala las invasiones a la propiedad privada ya atisban un horizonte de conflictividad.

Ojalá no nos contaminen….