Escribo esta columna desde un avión, dirigiéndome a un compromiso internacional, reflexionando sobre el estado actual de nuestro país. Mi decisión de adelantar mi viaje se debió a los bloqueos en las carreteras de El Salvador y Muxbal, así como las amenazas al aeropuerto La Aurora.

Después de una semana de intensas paralizaciones, respaldadas y financiadas por diversos sectores internacionales, Guatemala se halla en un punto de inflexión. Cientos de miles de vehículos han quedado atrapados en carreteras y gran parte de la ciudadanía, por elección o coacción, ha sido testigo directo de estos bloqueos, los cuales no solo han causado trastornos evidentes en el flujo cotidiano, sino que han expuesto una serie de problemas subyacentes. Si bien es cierto que algunas personas se unieron por genuina convicción, otras han sido víctimas de coacción o intimidación. Las redes sociales están inundadas de quejas, relatos de pagos forzados de “peajes” y testimonios de restricciones forzadas de movimiento. A pesar de la magnitud de la situación, las autoridades han decidido mantener una postura pasiva, evitando cualquier enfrentamiento directo.

En mi intento por comprender la situación, contacté a numerosos conocidos en varias regiones del país. Muchos expresaron descontento con la manera en que se llevaron a cabo las protestas. Si bien muchos comparten la razón que llevó a estas acciones, rechazan la polarización y hostilidad hacia los ciudadanos. Esta falta de coordinación resultó en pérdidas enormes para agricultores, comerciantes, transportistas y trabajadores, y serios inconvenientes para quienes buscaban atención médica urgente.

Estos bloqueos también han avivado antiguas tensiones entre diferentes clases socioeconómicas. Es fácil recurrir a etiquetas de “ricos” y “pobres”, pero estas categorías a menudo ignoran la realidad. Muchos de los denominados “ricos” son individuos que han trabajado incansablemente para tener éxito en sus respectivos campos y comunidades.

En medio de todo han surgido rumores y teorías de conspiración. Hay quienes sostienen que el Ministerio Público tiene agendas ocultas con respecto a las próximas elecciones. Aunque han surgido acusaciones sobre posibles irregularidades y manipulaciones, es vital recordar la importancia de basar nuestras opiniones en evidencias concretas. Las fuentes de financiamiento de estas protestas también están bajo intenso escrutinio. Es evidente que diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, están financiando las manifestaciones.

Es innegable que la corrupción en la administración actual ha sido un catalizador para muchas de estas protestas y las acciones de diversos funcionarios han exacerbado la desconfianza del público. Esta falta de transparencia y la malversación de fondos han tenido un impacto negativo en áreas vitales como la educación, la salud y la seguridad.

Además de los desafíos inmediatos, hay preocupaciones a largo plazo sobre la salud democrática de Guatemala. Los eventos actuales han evidenciado no solo la frustración y el descontento de la ciudadanía, sino también la urgente necesidad de reformas institucionales. Es imperativo que, independientemente del resultado de estas protestas, se establezcan mecanismos para garantizar una participación ciudadana efectiva, una mayor transparencia gubernamental y la rendición de cuentas del gasto publico.

Finalmente, nos enfrentamos a una pregunta crucial: si estas protestas logran que ciertos funcionarios renuncien, ¿qué precedente estamos sentando para el futuro? ¿Estado plurinacional? ¿Nacionalizaciones? Es esencial considerar las implicaciones a largo plazo de estas acciones.