En China, el Partido Comunista regula a muchos templos protestantes, católicos, budistas, taoístas y musulmanes, y nombra a sus pastores. Dichos líderes son regularmente indoctrinados en cultura china, comunismo y confucianismo. Los censores del Gobierno redactan o aprueban los sermones religiosos; cada discurso debe congratular al partido por su amabilidad y sus políticas. Hace unos años, el Gobierno prohibió el sermón de un pastor evangélico del Movimiento de las Tres Autonomías, de la provincia de Henan, porque contenía “demasiada religión y muy poca ideología comunista”. Vigilantes oficiales se aseguran de que los pastores se circunscriban al discurso preautorizado.

El gobierno de Xi Jinping busca controlar el mercado religioso nacional mediante la sinización y la secularización de la religión. Además, ha prohibido las celebraciones de Navidad, cerrado iglesias, encarcelado a líderes religiosos y perseguido agresivamente a las iglesias clandestinas, tanto la católica como las protestantes.

Tristemente, China no es el único país que atenta contra la libertad de religión. Imagine estar escuchando misa y que súbitamente irrumpan en la iglesia unos policías montados en motos y le lancen bombas lacrimógenas. Eso ocurrió en Nuestra Señora de Fátima, en el barrio Sucre de San Cristóbal, Venezuela, el 1 de mayo del 2019. El valiente párroco logró frenar el ataque de unas 40 motos y evacuar a los atemorizados feligreses. No es un caso aislado.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el régimen de Ortega y Murillo ha instigado 24 ataques contra la Iglesia Católica de Nicaragua entre diciembre del 2018 y agosto del 2020. Estos atentados incluyen agresiones a sacerdotes, robo o destrucción de imágenes, y más.

La libertad religiosa es violada en 42 por ciento de los países del mundo, concluye el informe de Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (2015). En 55 países, como Cuba, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, la situación es crítica. El informe reporta que en América Latina algunos gobiernos han reprimido a grupos minoritarios, prescrito el culto en público, eliminado símbolos religiosos de edificios estatales, cerrado capillas en prisiones, acosado a líderes religiosos o expropiado la propiedad de iglesias.

También surgen problemas en países supuestamente abiertos y republicanos. Por ejemplo, en el 2017 se conoció el caso FFRF vs. Trump, en Estados Unidos. Un grupo de ateos, la Fundación para Liberarnos de la Religión (FFRF), pretendía que Hacienda Pública censurara los sermones de distintas iglesias y las castigara, bajo amparo de la ley conocida como la Enmienda Johnson de 1954, que prohíbe a ciertas oenegés abordar temas político-partidistas. Con tino, la Corte Suprema concluyó que los oficiales del Gobierno no pueden inmiscuirse en lo que se enseña desde el púlpito.

Las leyes que obligan a personas de fe a practicar esterilizaciones o abortos, o a suministrar anticonceptivos, también atentan contra la libertad de religión. Algunos gobiernos pretenden impedir que religiosos provean cuidados a huérfanos, ancianos o migrantes. A veces imponen contenidos educativos a colegios privados cristianos.

En las últimas décadas, los creyentes guatemaltecos, que, por cierto, somos la inmensa mayoría, hemos gozado de una libertad de religión relativamente amplia. Sin embargo, es alarmante ver lo que pasa en países vecinos, tanto al norte como al sur. El cierre temporal de las iglesias por causa de la pandemia del covid-19 nos abrió los ojos a lo que significa ser privados del culto. Es un buen momento para revisar las garantías a nuestros derechos, prever posibles abusos futuros y blindarnos contra ellos.