Estado de derecho en un país como Guatemala es un concepto que nos ha tomado tiempo comprender. El jurista Sergio Márquez Rábago, menciona “Estado y Derecho son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias que se presenten dentro del amplio pacto social”. Esta es una de las bases más importantes para contar con libertad económica.

La libertad económica, definida por la Fundación Heritage es “el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad”. Según el índice de libertad económica, los países más libres son Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza e Irlanda. Estos países son los únicos que gozan del título libres, según la metodología utilizada, son países cuya evaluación está por encima de los 76.1 puntos sobre 100. No hay ningún país del continente americano, ya que los mejor evaluados como Canadá, Estados Unidos o Chile, caen bajo la categoría de mayormente libres.

El índice de libertad económica mide cuatro pilares: Estado de derecho, tamaño de gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercado. Guatemala se encuentra en la franja de economías que son moderadamente libres, con una evaluación por debajo de 70.2 y arriba de 59.6 puntos. Estamos en la posición 75 de los 178 países analizados con una evaluación de 64 puntos sobre 100.

Lo que no permite a Guatemala avanzar es la poca capacidad que hemos tenido como sociedad de ver la importancia del Estado de derecho. Tres variables son evaluadas en este pilar: derechos de propiedad, efectividad judicial e integridad de Gobierno.

Según la propia Fundación Heritage, los derechos de propiedad son el factor primario de acumulación de capital para la producción y la inversión. La certeza de un título de propiedad es clave para fomentar mayor patrimonio y esto solo es factible cuando el Estado, defiende la propiedad privada. Ahora bien, en este caso en particular hemos visto cómo muchas veces el derecho de propiedad sobre la tierra es irrespetado en Guatemala, bajo la mirada pasiva de las autoridades. Según lo ha reportado Prensa Libre, a enero 2021 hay 1,500 fincas invadidas en el país reportadas a la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada, y de estas, 124 tienen denuncias vigentes en el Ministerio Público y en el 2020 únicamente dos fueron desalojadas. ¿Cómo podemos decir que se protegen los derechos de propiedad?

Respecto de la variable de efectividad judicial, claramente tener magistrados en el Organismo Judicial que sobrepasaron su mandato es una clara señal de cómo en la Constitución existen plazos claramente definidos, pero en la práctica estos se pueden manipular según lo determine las autoridades en su momento. Una pésima señal, aunado a que muchas veces quienes participan en los procesos para ser magistrados, no cumplen el requisito de ser guatemaltecos de reconocida honorabilidad.

Por último, el mayor desafío se encuentra en la variable de integridad de Gobierno, que está directamente afectada por la percepción de la corrupción y la inmensa cantidad de trámites que existen en nuestro país. En este sentido una iniciativa que pudiera ayudar a reducir los procesos burocráticos innecesarios es la ley antitrámites, que se encuentra pendiente de segundo debate en el Congreso. Sin Estado de derecho, no hay libertad económica posible.